Victoria de la verdad y la libertad de expresión

Quizá le cueste comprender a Pablo Iglesias, tan de Maduro en las formas y tan de Chávez en el fondo, que la libertad de expresión, la veracidad y el derecho a la información prevalecen en democracia ante cualquier intento de censura o represión. Quizá le cueste asimilar, impulsor en Europa de ese populismo bolivariano asentado en la misantropía, que España no es Venezuela ni lo será jamás mientras las instituciones públicas ejerzan como garantes de la democracia. Quizá todo esto le resulte difícil a alguien que pretende borrar los renglones de la Transición —inicio del periodo de paz y prosperidad más fértil de nuestra historia— pero no tendrá más remedio que aceptar el funcionamiento del Estado de Derecho. El Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid lo ha dejado muy claro: la noticia sobre los 272.325 dólares que el Gobierno de Venezuela ingresó a su nombre en el banco Euro Pacific del territorio offshore de Islas Granadinas forma parte de una investigación periodística veraz, contrastada a través de fuentes policiales, de interés general y escrupulosamente ajustada a la ley.

A Pablo Iglesias no le gusta OKDIARIO porque es de los pocos medios que se atreven a informar con total libertad sobre Podemos tanto en lo referido a su génesis —la relación previa de sus dirigentes con la dictadura venezolana y con la teocracia de Irán— como a partir de su constitución oficial como partido político en enero de 2014. De ahí que el secretario general de los morados haya utilizado esta denuncia para tratar de amordazar a un medio que hace bandera del periodismo de investigación, que es como hacer bandera de la libertad. Especialmente cuando cada noticia está sometida a las reglas deontológicas de este oficio y al principio inexcusable de “veracidad”, tal y como ha certificado la magistrada Gladys López Manzanares.

Esta jueza archivó en 2015 una querella del Partido Popular contra Tania Sánchez por falta de pruebas. Los populares acusaban a la entonces concejala de Rivas Vaciamadrid de haber adjudicado contratos a su hermano por valor de 1,2 millones de euros. En la actualidad, Iglesias pedía una multa de 250.000 euros para este diario pero, sobre todo, pretendía coartar la libertad de expresión de una casa que tiene en el escrúpulo profesional uno de sus principios fundacionales. Ni Pablo Manuel Iglesias ni sus espurios y circunstanciales aliados y colaboradores han logrado noquear a OKDIARIO en un caso que deja una clara lección de cara al futuro: nada tiene que temer el que respeta la verdad y transita por el camino adecuado para llegar a ella. Es la victoria de la libertad de expresión ante la corrupción política, la mentira como base de los discursos y las ayudas interesadas de los periodistas de cámara de Podemos. Ahora y como desde el principio, mientras los ladridos se amontonan uno sobre otro hasta hacer una montaña de insignificancia, nosotros seguimos cabalgando.