Los verdaderos enemigos de la democracia

En los últimos tiempos asistimos a una adulteración tendenciosa del lenguaje, con clara finalidad política, que pretende situarnos a los enemigos de la democracia en ese espectro político que homologa el populismo con la extrema derecha. No hace mucho que el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, decía que las formaciones que dirigen Casado y Rivera competían “en el lado extremo de la derecha”. Sin embargo, desde que el CIS apuntó a que VOX podía lograr representación parlamentaria, un buen número de analistas y medios de comunicación se han echado en tromba contra el auge de la llamada extrema derecha que había estado tiempo prácticamente huérfana de una marca política. Y es ese advenimiento de la denominada extrema derecha del que nos alertan como un riesgo para nuestra democracia.

Aquí se mezcla, por un lado, a VOX, y en días alternos al PP e incluso a Ciudadanos. Fuera de nuestras fronteras, a Viktor Orban, primer ministro de Hungría, y Matteo Salvini de Italia. Del discurso de los 90 donde la extrema derecha en Europa la encabezaban líderes políticos como Jean-Marie Le Pen y Kurt Waldheim en Austria, hemos pasado a relativizar los límites de la extrema derecha como desde algunas tribunas se nos quiere hacer ver. Equiparar control de la inmigración ilegal con xenofobia, racismo y extrema derecha es un verdadero disparate que pretende extraer inútilmente rédito electoral desde una izquierda que ronda de día con los suyos y flirtea con unos antisistemas que rechazan de entrada el proceso constituyente español.

Lo que VOX pide respecto a la inmigración es lo mismo que aplica el gobierno liberal de Australia que dirige Scott Morrison. Yo no he oído a ningún dirigente europeo decir que en el gobierno australiano esté instalado la extrema derecha. El canciller austríaco, Sebastian Kurz, de la familia del Partido Popular Europeo, también está en el mismo grupo de países que como Hungría o Italia defienden un mayor control de la inmigración ilegal. Pero como tradicionalmente ha guardado buena relación con el especulador millonario George Soros su red de lobbies y ONGs lo respetan por ahora y no le etiquetan de “fascista”. Ni Orban, Ni Kurz, ni Scott persiguen dejar que los seres humanos que tratan de buscar mejor vida en suelo europeo perezcan en el mar. Eso es lo que una parte de la izquierda política y sus satélites mediáticos nos venden. El objetivo es luchar contra los traficantes de seres humanos y disuadir a los inmigrantes de una peligrosa travesía que, en el caso de Australia, por ejemplo, costó la vida a más de un millar de personas.

Aquí nunca hablamos de la cifra de inmigrantes que mueren cada año ahogados en el Mediterráneo por culpa de unos traficantes ilegales que los conducen a ese fatídico destino. Casi 8.200 personas han fallecido intentando cruzar el Mediterráneo en los últimos dos años. Y eso son sólo estimaciones. La política migratoria no hace a un partido más o menos democrático siempre que la separación de poderes y el respeto a los derechos individuales sean defendidos. Lo que sí hace a un partido menos democrático es cualquier ensoñación dirigida a coartar la libertad de expresión. Y aquí, el Gobierno de Sánchez va camino de ello.