Todos somos Llarena
El acoso y las amenazas al magistrado Pablo Llarena por parte de los independentistas han sido una chapuza, pero una chapuza totalitaria. Por mucho que de tan torpes provoquen hilaridad, lo cierto es que el trasfondo de las acciones muestra el sórdido espíritu que envuelve la filosofía separatista. Señalar los domicilios de las personas con el objetivo de estigmatizarlos rememora algunas de las páginas más negras de la Europa del siglo pasado. El trabajo de Llarena ha sido impecable hasta el momento, siempre sujeto a los márgenes de la ley. Nadie debe ser coaccionado en un Estado de Derecho. No obstante, que un juez sea perseguido por el mero hecho de hacer su trabajo con rigor e independencia habla de una sociedad enferma. Lamentablemente, ese es el estado en el que se encuentra la comunidad autónoma catalana bajo las pulsiones de los sediciosos.
De ahí que el Gobierno se deba mantener vigilante y aplicar el artículo 155 de la Constitución hasta que la seguridad jurídica y la paz social dejen de ser un anhelo para convertirse en realidad. De otra manera no puede ser cuando Llarena y su mujer han tenido que dejar Cataluña para trasladarse a Madrid por cuestiones de seguridad. No se veía en España una hostilidad tan grande hacia las instituciones del Estado y sus representantes desde los años más violentos de ETA en el País Vasco. Ahora los radicales de la CUP se han convertido en una kale borroka de nuevo cuño que no desaprovecha ningún medio para efectuar sus ataques, incluido Internet. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben investigar cada una de las amenazas que contienen mensajes como los referidos a los Llarena: “No podrán ir por la calle a partir de ahora”.
¿Si se atreven a hacer eso con un magistrado del Supremo qué no harán con cualquier persona que rechace el separatismo? El Estado de Derecho debe prevalecer para que la sociedad dé las garantías correspondientes a cada uno de sus ciudadanos. Nadie debe ver su casa señalada por pintadas del mismo modo que nadie debe tener la sensación de que su vida o la de los suyos está en riesgo porque un grupo de exaltados decida imponer un determinado modo de pensamiento político. En la España actual eso debe estar absolutamente erradicado igual que debe estar erradicada la violencia callejera. Todo lo demás es retraso, como retraso son los fundamentos de la rancia filosofía independentista. En un mundo global, se trata de sumar, no de dividir. Menos aún si es mediante el asalto a la ley, la imposición y la violencia.
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