La politización inunda de hedor el CGPJ

Por 12 votos a favor y 7 en contra, el Consejo General del Poder Judicial ha avalado el nombramiento de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado, lo que evidencia una fractura sin precedentes en el órgano de los jueces, politizado hasta la náusea. Que hasta siete vocales del CGPJ hayan mostrado su oposición a la designación de la ex ministra de Justicia pone de manifiesto hasta qué punto el sectarismo del presidente del Gobierno ha triturado, como hizo con anterioridad con la Abogacía del Estado y la Junta Electoral Central, instituciones clave en el Estado de Derecho.

A nadie se le oculta que la estrategia del jefe del Ejecutivo de desjudicializar el procés lo que esconde es su intención de derribar los diques de contención del marco constitucional para poder pagar a lo sediciosos catalanes el precio de su apoyo a la investidura. Partido en dos mitades el órgano de los jueces, triturada la imagen de la Abogacía del Estado,  desacreditada por los ataques del socialismo la Junta Electoral, acosado el Tribunal Supremo por los reproches del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, los órganos judiciales clave en la separación de poderes están siendo demolidos por el Gobierno socialcomunista.

Estamos ante un choque de trenes de una gravedad sin precedentes, porque nunca en la historia democrática un Gobierno se afanó tanto en amordazar a la Justicia, hasta el punto de que el órgano de los jueces ha registrado una división reveladora de una fractura que es consecuencia de la estrategia de acoso promovida por Sánchez para diluir las instituciones del Estado y contentar a los golpistas que le han mantenido en La Moncloa.

La democracia española se está resintiendo del acoso político del que está siendo víctima la Justicia, pilar fundamental del Estado de Derecho y objetivo a batir por el siniestro plan de ruptura institucional alentado por Pedro Sánchez en connivencia con la izquierda radical y el independentismo.

En estas circunstancias, cuando la democracia se ve seriamente amenazada por la alianza tejida entre el socialismo, el populismo y el independentismo, se hace más necesario que nunca defender el Estado de Derecho y reivindicar la independencia de los órganos judiciales que son garantía de la unidad nacional.