Para salvaguardar nuestras pensiones

El modelo de pensiones planteado por Vox tiene por objeto garantizar el futuro del sistema de pensiones en España, asegurando una adecuada cobertura del retiro a los ctuales pensionistas y a las generaciones venideras. En un ejercicio de populismo irresponsable, el resto de los partidos oculta a la población los graves problemas de mantener el vigente sistema que obligará bien a recortar de manera sustancial las pensiones bien a elevar de manera drástica los impuestos de nuestros hijos y nietos para financiarlas. Esta es la consecuencia inevitable de la evolución demográfica de España en la que, según los datos del INE, en 2051 por cada 100 personas en edad de trabajar 87 estarán inactivas.

Ante esta situación, la propuesta de Vox, un modelo mixto capitalización-reparto no es ni una utopía ni una ocurrencia, sino una realidad existente en otros países desarrollados, similares a España, que tuvieron el coraje y la responsabilidad de abordar desde el realismo y el sentido del Estado la
problemática de las pensiones. En los últimas cuatro décadas estados como Australia, Nueva Zelanda, Suecia, Singapur, Canadá, Suiza, Polonia o Reino Unido por citar algunos ejemplos han implantado sistemas de pensiones con una filosofía similar al diseñado por Vox. Eso sin contar con
los mas de 24 países con regímenes de capitalización pura. En ninguno de ellos ha “quebrado” la seguridad social como sostienen algunas Casandras locales.

¿Cuál es la filosofía de la reforma abanderada por Vox? Se trata de aplicar un principio elemental: conectar el ahorro acumulado por una persona y los beneficios que obtiene de él. En el caso de las pensiones, ello se traduce en que los individuos capitalizan a lo largo de toda la vida laboral las contribuciones. Obligatoriamente depositan éstas en una cuenta personal residenciada en unas entidades creadas expresamente con este fin. En otros países, en donde se ha instaurado con gran éxito la capitalización, se las ha llamado “Administradoras de Fondos de Pensiones” (AFP). Estas contribuciones suponen un 50 por 100 del total pagado por cada individuo, el otro 50 por 100 continúa siendo el sistema de reparto clásico. El planteamiento sería el siguiente:

De acuerdo no nuestro modelo, cada trabajador aporta obligatoriamente la mitad del porcentaje de su salario que aporta actualmente al sistema de reparto a las AFP para garantizar su pensión futura, menos un 3 por 100 que se utilizaría para suscribir un seguro para cubrir imprevistos o siniestros y el coste de administración de la AFP. El porcentaje de aportación a la capitalización podría aumentarse en el porcentaje que el contribuyente quiera con un tope de un 10 por 100 más si se quiere incrementar la prestación. La idea es que los futuros pensionistas aporten lo mismo que actualmente pero tengan la certeza de tener una pensión digna en el futuro.

Las AFP son empresas privadas sometidas a regulación estatal, a estrictos requisitos de control y supervisión ejercidas por un organismo público independiente. Invierten los fondos recibidos en una cartera diversificada cuyos rendimientos se acumulan durante el tiempo tiempo de cotización y los trabajadores comienzan a percibirlos cuando se jubilan. De este modo, las pensiones (al menos un gran porcentaje de ellas) quedan blindadas de los caprichos políticos, son propiedad de las personas y se convierten en un potente instrumento de ahorro individual a largo plazo. El Estado asume la
obligación de complementar con recursos tributarios generales, la pensión de cualquier trabajador que no logre obtener un nivel que la sociedad defina  como pensión mínima.

¿Cómo se transita del reparto al sistema mixto? ¿Cuánto cuesta esa transición? La propuesta sería la siguiente:

Primero, los menores de 25 años y quienes se afilien por vez primera a la Seguridad Social se incorporarían de manera automática al sistema mixto y la mitad de sus cotizaciones irían directamente a una AFP.

Segundo, los trabajadores con edades comprendidas entre los 25 y los 45 años tienen libertad bien de permanecer en el régimen de reparto bien de trasladarse al sistema mixto. En este supuesto habría que hacer los cálculos actuariales para compensar los años de cotización exclusiva al sistema de reparto.

Tercero, los mayores de 45 años permanecerían en el sistema de reparto. Este continuaría pagando las pensiones devengadas y las que se devenguen en el futuro producto de los cotizantes que permanezcan en él. En otras palabras, se protege a los jubilados actuales que se quedan en el sistema vigente.

Cuarto, el modelo establece una pensión mínima garantizada por el Estado, financiada con impuestos, y con con la regresiva fiscalidad que suponen las cotizaciones.

La reforma de Vox permite conseguir tres metas básicas. Por un lado proporcionará mayores ingresos a los trabajadores con rentas medias que los ofrecidos por el sistema estatal, dependiendo del nivel de ahorros adicionales y del rendimiento de los fondos. Por otro, incrementará la tasa de ahorro nacional y, de este modo, el capital disponible para la inversión impulsando el crecimiento económico. Por último, dada la reducción en el tiempo del volumen de pensiones proporcionadas en monopolio por el Estado dará lugar a un descenso permanente del gasto público en jubilación que contribuirá a su estabilidad financiera y a reducir de manera estructural el binomio déficit-deuda.

En la oposición a implantar un modelo de esta naturaleza no late una preocupación sobre su viabilidad financiera, sino una resistencia feroz a permitir que los trabajadores sean dueños reales del ahorro realizado a lo largo de su vida para garantizarse un retiro digno. En nombre de una falsa solidaridad, el sistema de reparto es una manera clara de apropiarse de manera coactiva del esfuerzo de los españoles, del derecho de propiedad sobre los ahorros realizados en su vida.

Víctor González, vicepresidente primero de VOX.