Peramato, la voz de su amo

El Reglamento de la Fiscalía, en sus artículos 32 y 35, y el Estatuto Orgánico del Ministerio Público, en el artículo 45 del capítulo III, son meridianamente claros: cualquier fiscal condenado por un delito doloso a una pena superior a los seis meses será expulsado, sí o sí, de la carrera. ¿Todos? Todos, no, porque la nueva fiscal general, Teresa Peramato, ha decidido hacer una excepción  y acomodar a su predecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz -condenado por el Supremo por filtrar el correo contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso- en la jefatura de la Unidad de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico. Por supuesto que se trata de un trato de favor que se cisca en el Reglamento de la Fiscalía, pero Peramato es la voz de su amo -Pedro Sánchez- y el presidente del Gobierno no iba a permitir que el que fue su mejor sirviente perdiera su puesto de fiscal. De modo que Peramato ha cumplido órdenes -¿de quién depende la Fiscalía? y hacer una excepción. Transcurrido más de un mes desde que el pasado 20 de noviembre se conoció el fallo del Supremo, la Inspección Fiscal está incumpliendo la ley al no poner en marcha todos los mecanismos para materializar la expulsión del ex fiscal general. Y no va a hacerlo. García Ortiz tendría de nuevo un cargo de Jefatura en la Fiscalía, la misma que ha dirigido hasta el pasado 9 de diciembre, cuando el  Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto por el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, procedió a su cese, a petición del condenado.

La plaza de fiscal de Sala de la Unidad de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico quedó vacante el pasado 24 de julio, tras la jubilación del fiscal de Sala Antonio Vercher Noguera, quien estuvo al frente de la misma desde abril de 2011, tras ser nombrado para el cargo por el ex ministro de Justicia socialista Francisco Caamaño. Dicha plaza se convocará de inmediato e irá al próximo Consejo Fiscal. Y la última palabra respecto al elegido siempre la tiene la máxima representante de la institución, quien fue presidenta de la misma asociación que García Ortiz, la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Mejor dicho, la última palabra la tiene Pedro Sánchez.