Pedro Sánchez contra el Estado de Derecho

El PSOE ha registrado una proposición de ley con la que pretende poner coto a la acusación popular, impidiendo que organizaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos sigan ejerciendo este derecho constitucional. No hay que ser muy sagaz para concluir que lo que busca el Gobierno es blindarse ante los escándalos de corrupción que le rodean. Dos ejemplos: sin acusación popular ni Begoña Gómez ni el hermano músico del presidente del Gobierno estarían hoy investigados. Porque a estas alturas esperar que la Fiscalía de Pedro Sánchez se excite ante los casos de corrupción que afectan a la familia del jefe del Ejecutivo y al PSOE es una solemne candidez.

Sin acusación popular y sin Ministerio Público, ancha es Castilla para el sanchismo. Por si fuera poco, la iniciativa del PSOE pretende que las investigaciones judiciales no tengan su origen en los «recortes de prensa», expresión ésta que es un auténtico delirio si tenemos en cuenta que los escándalos de corrupción más sonados de nuestra democracia partieron, precisamente, de informaciones periodísticas.

La forma con la que Pedro Sánchez está procediendo a dinamitar el entramado institucional sobre el que se articula la separación de poderes del Estado de Derecho es algo más que inquietante, porque lo que busca el Gobierno con propuestas como ésta no es justicia, sino impunidad.

Sánchez ha decidido emprender una peligrosísima huida hacia delante y esta proposición de ley representa un ataque sin precedentes a la piedra angular de la democracia. Su ofensiva contra jueces, sociedad civil y medios de comunicación es creciente y cursa en paralelo a la evolución de los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez y al PSOE. Y cuanto más rodeado, más peligro de que se revuelva contra el Estado de Derecho. Lo que pretende es, simple y llanamente, parapetarse tras su débil mayoría parlamentaria para burlar la acción de la justicia. Y lo está haciendo con un descaro tan grave como inaudito.