No persiguen a Podemos, ni tampoco al PP o al PSOE

Los documentos publicados por OKDIARIO durante las últimas semanas acreditan que Hugo Chávez ordenó pagar más de 7 millones de euros a la Fundación CEPS (entonces dirigida por los actuales líderes de Podemos) para conseguir «un cambio político en España», más favorable a los intereses del régimen boliviariano.

Así consta en el documento firmado de su puño y letra por Chávez y su ministro de Finanzas Rafael Isea, cuya autenticidad ha confirmado este último ante la Policía española en una declaración prestada en el Consulado español en Nueva York.

Todo ello apunta, por tanto, a que Hugo Chávez utilizó recursos millonarios de Venezuela para crear una nueva opción política, que cristalizaría en 2014 con el nacimiento de Podemos y que efectivamente se muestra decidida a provocar un auténtico cambio de régimen en España.

Pero no es éste el motivo que llevó a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) a Nueva York para entrevistar a Isea. Tal como informa hoy OKDIARIO, el objetivo de la investigación policial abierta es determinar si los dirigentes de la Fundación CEPS ocultaron a la Agencia Tributaria la mitad de los 7 millones de euros que recibieron de Venezuela. Algo que constituiría un grave delito fiscal.

Por tanto, no se trata de una actuación policial instada por el Gobierno con fines partidistas, como sostiene Pablo Iglesias. Si la Udef ha actuado es porque existen unas sospechas fundadas de que los dirigentes de la Fundación CEPS (hoy en Podemos) han ocultado más de tres millones de euros pagados por el Gobierno de Venezuela.

A Pedro Sánchez jamás se le ocurría decir que la Policía actúa con fines partidistas para destruir al PSOE, cuando investiga la corrupción de los ERES de Andalucía. Del mismo modo, nadie sugiere que la Udef ha emprendido una persecución contra el PP por destapar la trama Gürtel o los numerosos casos de corrupción de la Comunidad Valenciana.

Pablo Iglesias no puede reclamar impunidad para su partido, apelando a una supuesta «conspiración» de los cuerpos de seguridad cada vez que se asoman al abismo de la financiación de los líderes de Podemos.