No es igualdad, es la lucha de clases marxista convertida en burda guerra de sexos

Resulta obsesivo el empeño del Gobierno socialcomunista en lograr la igualdad, criminalizando o penalizando todo rasgo de masculinidad, como si hubiera que luchar por la mejora de las condiciones sociales y laborales de la mujer, perjudicando al hombre. Esto es la vieja lucha de clase marxista llevada a la lucha entre sexos, una estrategia fruto del dogmatismo ideológico de una izquierda que se ha empeñado en criminalizar a la mitad de la población. El Ministerio de Igualdad amenaza de nuevo con castigar a las empresas que tengan más hombres en plantilla a la hora de contratar con la Administración, obviando que hay muchas sociedades que, por muchos esfuerzos que hagan, no cuentan todavía con el número suficiente de mujeres para poder evitar un castigo del tipo que pretende Irene Montero. Penalizar a las empresas que tengan más hombres en plantilla es una medida de dudosa legalidad, por mucho que se venda como un premio a las empresas que tengan «al menos a un 50% de mujeres en puestos de responsabilidad, gerencia, cualificados, o con titulación media o superior». Lo que pretende el Ministerio de Igualdad es que las empresas adjudicatarias presenten, «en el plazo de un mes tras la concesión definitiva», una «relación nominal de las mujeres contratadas, indicando fecha de inicio y fin de contrato, así como jornada laboral, y en su caso categoría profesional» adjuntando copia de los contratos de trabajo. Además, en la memoria final del contrato se presentará una «declaración nominal y numérica de todos los contratos laborales realizados durante la ejecución del proyecto subvencionado», el informe de trabajadores en alta y certificado de la Seguridad Social, «con expresión de número de personas empleadas desglosadas por sexo, antigüedad, categoría profesional y bases de cotización».

La radiografía de nuestro tejido empresarial es la que es y lo que no puede ser es que las pymes tengan que acometer una drástica reestructuración de sus plantillas para cumplir con los requisitos del Gobierno, salvo que Irene Montero entienda que un pequeño o mediano negocio puede ir adaptando cada día sus puestos de trabajo a los caprichos ultrafeministas de la ministra.