Mentir tiene consecuencias, Maroto debe dimitir

La política democrática se sostiene sobre un principio tan básico que a veces parece olvidado: la palabra dada importa. No es una cuestión estética ni retórica, es el cimiento de la confianza pública. Cuando un cargo público habla —y más aún cuando lo hace en sede parlamentaria— no está opinando en una tertulia ni improvisando en un mitin: está rindiendo cuentas.

Por eso, cuando un representante miente, el problema no es sólo lo que oculta, sino lo que rompe. Y lo que rompe es la confianza entre gobernantes y ciudadanos. Sin esa confianza, la política se degrada en un ejercicio de cinismo donde todo vale y nada tiene consecuencias.

El caso de Reyes Maroto y las informaciones dadas a conocer por OKDIARIO vuelve a poner este debate sobre la mesa. Negó recordar una reunión con Víctor de Aldama y sin embargo, los mensajes incorporados a la investigación de la UCO apuntan a que ese encuentro sí se produjo. No estamos ante una cuestión menor de matiz o interpretación: estamos ante una contradicción directa entre lo declarado y lo que ahora se acredita documentalmente.
La responsabilidad política no necesita sentencia firme para existir. La responsabilidad política es más exigente porque no se mide sólo en códigos legales, sino en estándares de ejemplaridad. Cuando un cargo público falta a la verdad en el ejercicio de su función, la consecuencia lógica en cualquier democracia madura es la dimisión.

No es una petición desproporcionada ni una exageración partidista. Es, o debería ser, la norma no escrita de cualquier sistema que se respete. La coherencia obliga a no cambiar de criterio según quién sea el afectado.
Porque lo verdaderamente preocupante no es sólo la posible mentira, sino la reacción posterior: minimizarla, justificarla o diluirla en el ruido político. Esa actitud es la que erosiona de verdad las instituciones. La idea de que mentir en política sale gratis es mucho más corrosiva que la mentira en sí.

En paralelo, resulta llamativo cómo algunos pretenden desplazar el foco hacia otros debates o convertir cualquier crítica en una supuesta estrategia de desgaste. Es el manual habitual: cuando los hechos incomodan, se cuestiona la intención de quien los señala. La regla básica que define el mandato de Pedro Sánchez y del sanchismo. Pero eso no cambia los hechos.

Y los hechos, a día de hoy, apuntan a una contradicción grave en sede parlamentaria. Justo en el lugar donde más exigente debe ser la verdad.
La política española lleva tiempo deslizándose por una pendiente peligrosa en la que el listón de la responsabilidad no deja de bajar. Se tolera lo que antes era inaceptable. Se normaliza lo que antes provocaba dimisiones inmediatas. Y así, poco a poco, se vacía de contenido la exigencia democrática.

La justicia decidirá si hay responsabilidades penales, pero la política no puede esconderse detrás de los tiempos judiciales para eludir las suyas. La portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y ex ministra del gobierno de Sánchez debe dimitir hoy mismo.

En democracia, mentir no puede salir gratis. Cuando sale gratis, lo que se paga es mucho más caro: la credibilidad de todos y de nuestra democracia. No vamos a consentir que, en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto salde sus mentiras teatralizando el victimismo y echando la culpa al alcalde como nos tiene acostumbrados. Las mentiras tienes consecuencias y Maroto debe dimitir.