A Marlaska el «interés de España» le importa una higa

Para no tener que dar información de su departamento, Marlaska ha reeditado la vieja excusa de los «intereses de España». Ya saben: no pueden soltar prenda porque pondrían en peligro la seguridad nacional, el viejo pretexto de siempre. Interior se ha sacado de la manga una orden ministerial que viene a cubrir el hueco dejado por la Ley de Información Clasificada, que sigue varada en el Congreso de los Diputados y que ya fue puesta a caldo por el mismísimo Consejo de Estado al considerar que la altísimas sanciones previstas en la norma pueden «desincentivar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de información». O sea, que Marlaska pretende con una simple orden ministerial cercenar un derecho fundamental.

El bodrio dice así: se podrá blindar cualquier «información cuya revelación no autorizada o utilización indebida pueda causar una amenaza o perjuicio para los intereses de España» en ámbitos como «el efectivo desarrollo de las políticas del Estado o el funcionamiento del sector público»; «las negociaciones políticas o comerciales de España frente a otros estados»; «los intereses económicos o industriales»; «el funcionamiento de los servicios públicos»; «la prevención, detección e investigación de delitos» o «cualquier otro que pueda causar una amenaza o perjuicio para los intereses de España». Por su parte, el grado de difusión limitada se refiere a información cuya difusión se considere «contraria a los intereses de España».

Obsérvese que Marlaska veta cualquier tipo de información y, para colmo, designa hasta diez cargos como «autoridades de clasificación»: desde él mismo hasta los directores generales de Policía y Guardia Civil, el titular de la Secretaría de Estado de Seguridad, de la Subsecretaría del Interior, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, así como los responsables de la Dirección General de Coordinación y Estudios, la Dirección General de Política Interior, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado y la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad.

Y la norma añade una muletilla al más puro estilo venezolano: cuando estos cargos estimen «que una información debe ser clasificada, se instará el procedimiento de clasificación mediante la presentación de una propuesta de clasificación, con expresión de la concreta amenaza o perjuicio para los intereses de España». Como si a este gente le importara mucho el interés de España.