Las Maricarmen son parte del problema

Maricarmen Abascal no es víctima de nada, sino parte del problema. La señora de 87 años que fue desahuciada a la fuerza de la vivienda que ocupaba de forma ilegal, porque a ella no le daba la gana de irse a pesar de haber perdido todos los procedimientos judiciales que interpuso para intentar seguir allí, es uno de los mejores ejemplos con los que podemos explicar las causas del enorme problema que existe con la vivienda en España.

La casa en la que vivía Maricarmen fue adquirida por una pyme en el año 2020, después de que el anterior propietario, que había adquirido el edificio entero en 2018, le ofreciera a Maricarmen el obligatorio derecho de tanteo por unos 240.000 euros, que es mucho menos de la mitad del valor de mercado de una vivienda de 90 m² en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro. Pero Maricarmen decidió no ejercer su derecho a quedarse con la casa, sabiendo que iban a transcurrir muchísimos años antes de que el nuevo propietario fuera capaz de hacer cumplir la ley para desalojarla a ella, que es precisamente el motivo por el que el precio era tan bajo.

Los hechos son conocidos. El padre de Maricarmen firmó el contrato de arrendamiento en 1956, cuando estaba vigente una normativa franquista que, de no haber sido derogada, habría impedido que ella fuera desahuciada. Al fallecer su padre, la madre de Maricarmen se subrogó en sus derechos y, al morir esta, en el año 2005, se subrogó ella. Pero en ese año 2005 en España ya había gobernado el PSOE durante 15 años y le había dado tiempo a legislar; primero el RDL 2/1985, más conocido como decreto Boyer, que puso fin a los contratos de arrendamiento indefinidos o de renta antigua, como el firmado por el padre de Maricarmen, pero dejó en vigor los que ya existían; y posteriormente la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994, cuya disposición transitoria 2.ª recortó las subrogaciones de los contratos anteriores al decreto Boyer, de forma que la segunda, cuando se corresponde a un hijo después del cónyuge, que habrá sido la primera, tan solo va a durar dos años. Con la ley franquista nadie habría podido adecuar a precios de mercado la renta de Maricarmen, pero gracias a las reformas socialistas ya sí era posible.

Maricarmen ha tenido un buen sueldo toda su vida. Trabajó como secretaria del consejo de administración de una multinacional farmacéutica americana hasta que decidió prejubilarse cuando aún no había cumplido los 60, sabiendo que le quedaría una muy buena pensión de casi 1.500 euros al mes. Sin hijos y pagando una pequeñísima renta de alquiler, no necesitó trabajar más. Pero cuando en 2005 murió su madre y Maricarmen se subrogó en el contrato, ya sabía que, conforme a la socialista LAU de 1994, su segunda subrogación tenía una duración máxima de dos años. En 2007, por tanto, había terminado jurídicamente su derecho a continuar como arrendataria. Sin embargo, los propietarios de entonces siguieron cobrándole la renta antigua y no reclamaron la vivienda durante más de una década, aceptando de hecho que continuara allí por cuatro perras. No fue hasta 2018, fecha en que se vendió el edificio entero a Renta Corporación, y posteriormente, en 2020, cuando el inmueble pasó a Urbagestión, cuando los nuevos propietarios decidieron hacer valer judicialmente la extinción de aquella segunda subrogación.

70 años después de la firma del contrato, tras dos subrogaciones, Maricarmen quería seguir viviendo en esa casa pagando una renta de la época franquista actualizada con el IPC. Por culpa de todas las Maricarmen que hay en España y de las leyes que las amparan, esa vivienda que ella ocupaba no podía comprarla nada más que una empresa del tipo de la pyme madrileña subvencionada por el Gobierno de Pedro Sánchez que se hizo con su propiedad en 2020. Urbagestión Desarrollo e Inversión SL se llama esa empresa, calificada por la extrema izquierda como fondo buitre, que recibió en 2023 una subvención del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que dirige Óscar López. Ninguna familia puede comprar una vivienda que está ocupada por alguien que, como Maricarmen, se resiste a cumplir las leyes y se atrinchera en ella durante años.

Lo que no han impedido ni socialistas ni populares cuando han gobernado, es que el procedimiento administrativo y judicial ampare a todas las Maricarmen de España y les permita mantenerse durante tantísimos años ocupando una vivienda que no es suya. Si un okupa sabe que va a poder disfrutar años de una vivienda sin pagarla, está siendo incentivado a hacerlo. Los dueños de viviendas tienen miedo a arrendarlas en estas condiciones y, cuando lo hacen, quieren cobrar la prima de riesgo que asumen. Los precios de los alquileres suben y las viviendas escasean, entre otras cosas, por culpa de las Maricarmen de España y la extrema izquierda que las incentiva.