La mafia de la contratación pública en Cataluña

Una de las webs más interesantes para aquellos que escribimos historias sobre Cataluña es la de contratación pública de la Generalitat. Allí podemos encontrar todos los concursos públicos de las instituciones catalanas y, como no, podemos extraer conclusiones siempre interesantes. Sirva para avezar las investigaciones judiciales, en teoría bajo secreto, de los Mossos, por el tema de la consellara Laura Borras, pero cada uno de forma individual puede comprobar que ese caso es simplemente la excepción que confirma la regla. Con sólo unos minutos uno puede ver que el mangoneo y el filibusterismo están a la orden del día. Los contratos denominados menores son aquellos que no requieren concurso.

Entre nosotros, los otorgados a dedo. Hasta el 9 de marzo del 2018, con la nueva Ley de Contratación Pública, era todos los inferiores a 18.000 euros. Desde entonces, son solo los inferiores a 15.000 euros. Los concursos con valor de 17.999 en 2018 son alrededor de 50 antes del cambio de la Ley, en dos meses y nueve días. Desde entonces, en los siete siguientes meses, son sólo dos. Es más, hay casi tantos con ese valor a un euro del límite del “no dedo” en esos primeros 70 días del año 2018 como en todos los días del 2014 al  2017. Por su parte, del valor 14.999 hay cero contrataciones en esos primeros 70 días del 2018, y cerca de 40 desde ese momento. Llámenle casualidad o numerología.

Pero quien apuesta en la Generalitat al número 17.999 ha cambiado desde marzo por el 14.999. No hace falta decir que luego tenemos la ilegal división de los concursos. Algunos aberrantes con más de 30 contrataciones, todas de 17.999 euros, aunque sean cosas diferentes, en unos años, por ejemplo, a la empresa Ara Vinc. Otros parecen menos sangrantes, aunque sean indicio de delito, como en el caso de la consellera. En la institución donde mandaba es fácil identificar hasta cuatro personas que dividen un trabajo de unos 60.000 euros para que ninguna parte supere los topes del dedazo. Todos curiosamente con un pasado en la UOC donde la consellera Borras fue profesora hasta su extraño despido.

Como les decía al principio, sí disponen de tiempo dediquen un rato a buscar en esa base de datos y verán temas que más que transparencia son de vergüenza ajena. Extraña que con evidencias tan claras un juzgado investigue supuestamente sólo a Borras. El problema es más endémico de lo que algunos quieren ver. Cuando un enjambre similar a la mafia se ha instalado en un gobierno no valen sólo acciones puntuales. Hay que eliminar esa forma de vida nauseabunda del resto de personas decentes de una forma clara y directa. Podría empezar cualquier fiscal, si fueran independientes, a bajarse los Excels de la web y preguntarse por qué las cosas extrañas están tan a la vista que nadie se haya preocupado en denunciarlas todos estos años. No falla sólo la Generalitat, fallan también los mecanismos de control.