Un indulto arbitrario que choca de bruces con la doctrina del Tribunal Supremo

El indulto es una facultad discrecional del Gobierno que no puede ser arbitraria. La ley exige tres razones para justificar el perdón —justicia, equidad y utilidad pública— que tienen que ser motivadas por el Ejecutivo. ¿Cómo va a motivar el Gobierno socialcomunista la utilidad pública del indulto si en su informe contrario a la aplicación de la medida de gracia el propio Tribunal Supremo  aseguró que  «el mensaje transmitido por los condenados en el ejercicio del derecho a la última palabra y en sus posteriores declaraciones públicas es bien expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática, asumiendo incluso que la lucha por su ideales políticos —de incuestionable legitimidad constitucional— autorizaría la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes, la sustitución de la jefatura del Estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía».

¿Cómo va a motivar Sánchez que el indulto sirve al interés general si la primera respuesta del independentismo a la medida anunciada por el Gobierno es exigir el cese de la «represión» del Estado en Cataluña, la aprobación de una amnistía general y la celebración de un referéndum»?

¿Cómo va a motivar Sánchez que el indulto es por el bien de España si a quienes ha concedido el perdón, según el Tribunal Supremo, «se presentan como presos políticos cuando han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos».

El indulto de Sánchez a los golpistas catalanes es imposible de motivar por la sencilla razón de que la única motivación que ha movido a Sánchez no es de «utilidad pública», sino de «utilidad individual». Esto es, lo ha hecho para garantizarse su continuidad en el poder. El Tribunal Supremo puede impedir que Sánchez pervierta la democracia y el Estado de Derecho. Tiene, con la ley en la mano, que hacerlo.