El Gobierno recauda a costa del sufrimiento de ciudadanos y empresas

Los ciudadanos y las empresas lo están pasando muy mal, con un encarecimiento de todos los costes, subidas de precios y pérdida exponencial de poder adquisitivo, que se agrava cada semana: las empresas no pueden soportar más el incremento de los costes y han comenzado a trasladarlo al precio de los productos, de manera que los ciudadanos no pueden asumir ya el coste de la cesta de la compra, con unas subidas muy importantes en muy poco espacio de tiempo, que lleva a una pérdida de competitividad de las empresas y de poder adquisitivo de los consumidores. Ambos hechos provocarán una caída de la actividad económica y del empleo, que mermará más el poder adquisitivo y el consumo, con nuevo impacto negativo en la actividad económica y el empleo, y así sucesivamente dentro de ese círculo vicioso en el que está entrando la economía española.

En este negro panorama, quienes más lo están sufriendo son, por el lado empresarial, las pymes y autónomos, que tienen menos flexibilidad para adaptar sus pagos y conseguir liquidez adicional. Por el lado de los ciudadanos, quienes más sufren la inflación son los de rentas más bajas, por dos motivos: el primero, que la subida del precio de un producto por la inflación sobre su renta es mayor que sobre el de una renta superior. El segundo, que la propensión marginal del consumo -es decir, el porcentaje de la renta destinada al consumo- de las rentas bajas es mayor que la de las rentas altas, con lo que la inflación les afecta mucho más, al gravar casi toda su renta.

Paralelamente, ante la subida de la inflación, el Gobierno ve cómo aumenta su recaudación, de momento por impuestos indirectos -y cuando haya subidas salariales, también por la progresividad en frío del IRPF-, derivado del aumento de precios: si sube el precio del bien por la inflación, el porcentaje de impuesto que aplica el tipo de gravamen es el mismo, pero sobre un montante mayor, con lo que Hacienda recauda más. Por eso, y no por haber reducido el gasto, el déficit no ha sido tan alto en 2021 cómo marcaba la previsión -aunque ha sido elevadísimo en cualquier caso-. Lo mismo puede suceder en 2022.

El Gobierno, en lugar de bajar impuestos para que los ciudadanos no paguen ese exceso de impuestos, se dedica a gastar más, repartiendo subvenciones a la gasolina que asfixiará la tesorería de las gasolineras, que tienen que anticipar el gasto y que presionará sobre los cuellos de botella, que, como siguen financiados abundantemente por la política monetaria tan extremadamente expansiva del Banco Central Europeo, hará aumentar más los precios, recrudeciendo el problema.

Tanto hablar de “los beneficios caídos del cielo” de las eléctricas, y el Gobierno es incapaz de reducir los tipos impositivos para atenuar el problema de la gente: mientras los ciudadanos se empobrecen y las empresas pierden competitividad, negocio y beneficio y, por tanto, terminarán por destruir empleo, la Administración Pública se enriquece adicionalmente. Es decir, los ciudadanos y empresas sufren para llegar a fin de mes o para producir y el Gobierno aprovecha para recaudar más, en su afán confiscatorio, a costa de dicho sufrimiento, especialmente, de los más débiles, a quienes dice defender, pero a quienes, en realidad, empobrece.