El Gobierno quiere condenar al olvido a los miles de asesinados en Paracuellos
Alrededor de seis mil personas, entre presos, civiles, religiosos y militares, fueron vilmente asesinadas entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, a las afueras de Madrid, en Paracuellos del Jarama, tras ser sacadas de las checas, los centros de detención y tortura clandestinos del bando republicano. Las matanzas, ordenadas con el consentimiento de Santiago Carrillo, entonces responsable de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, constituyen uno de los capítulos más ignominiosos de la Guerra Civil española y, a la vez, un episodio negro de la historia sobre el que la izquierda española ha pretendido siempre pasar de puntillas.
Cómo será que aún hoy el Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado declarar Paracuellos como Lugar de Memoria Democrática porque «no tiene relevancia histórica». La justificación -«no tiene relevancia histórica»- es el colmo de la indecencia y pone de manifiesto que la Ley de Memoria del Ejecutivo está marcada por el sectarismo ideológico más atroz.
En suma, que el mapa de los lugares de Memoria Democrática que elabora el Gobierno responde únicamente a su particular interés, lo que constituye un abyecto plan de manipulación histórica en la que los caídos son buenos o malos y merecedores o no de dignificar su recuerdo en función de un criterio que es colmo de la infamia: sólo los caídos del bando republicano tienen cabida en la Ley de Memoria del sanchismo, porque los asesinados en Paracuellos carecen, según el Ejecutivo, de «relevancia histórica».
Que es tanto como otorgarles la condición de víctimas de segunda o de tercera. Por eso OKDIARIO viene diciendo que la Ley de Memoria del Gobierno no es otra cosa que un intento de pervertir la historia en beneficio propio, una burda norma que busca dividir a los españoles, colocando a unos muertos por encima de otros. En suma, una grosera forma de negar la memoria de todos aquellos que fueron asesinados por el bando republicano.