Un fiscal general contra el Estado

Pese a que los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del procés han trasladado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, su opinión de que la ley de amnistía aprobada este jueves en el Congreso no puede aplicarse a los delitos de malversación ni terrorismo, el máximo responsable del Ministerio Público y mandado de Pedro Sánchez pretende maniobrar para imponer su tesis de que la norma avalada por el Congreso de los Diputados es constitucional de la cruz a la raya. Para ello se reunirá en breve con los fiscales catalanes al objeto de ir fijando posturas.

En suma, se trata de someter a los fiscales del Tribunal Supremo imponiéndoles su criterio (bueno, el criterio del Ejecutivo de Pedro Sánchez para ser más exactos) para que se plieguen a los designios del Gobierno. Nunca en la historia de la Fiscalía General del Estado su máximo responsable se había sometido de forma tan lanar y dócil al poder ejecutivo, hasta el punto de que cabe a afirmar que no se mueve por el principio de legalidad, sino por el principio de obediencia ciega al Gobierno. Y lo hace, además, con un servilismo inconmensurable. La Fiscalía General del Estado se ha sumado a la maniobra contra el Estado promovida por Sánchez y sus socios a través de un personaje como Álvaro García Ortiz, que ha llevado a la institución a unos niveles de descrédito jamás vistos.

Por supuesto que es injusto no reconocer la batalla que desde dentro de la propia Fiscalía se está librando contra los métodos despóticos del fiscal general. También merecen un reconocimiento especial los fiscales del Tribunal Supremo que han mantenido siempre una postura encomiable en relación con el procés y la Ley de Amnistía. Todos ellos están sufriendo en sus carnes lo que supone tener que soportar a un personaje como Álvaro García Ortiz, un fiscal general más sanchista -y ya es decir- que el propio Pedro Sánchez.