España tiene un problema de sistema democrático

España es un gran país. Tenemos talento, historia, capacidad empresarial y una sociedad que ha demostrado sobradamente su madurez. Sin embargo, arrastramos un problema que pocos se atreven a plantear abiertamente: nuestro sistema democrático está diseñado para proteger a los partidos políticos antes que para representar a los ciudadanos.

Y mientras no tengamos el valor de reconocerlo, seguiremos cambiando de gobiernos sin cambiar lo que verdaderamente falla.

Después de muchos años viviendo en Estados Unidos, he tenido la oportunidad de conocer de primera mano dos modelos democráticos muy diferentes. Ninguno es perfecto. El estadounidense tiene defectos importantes, pero posee algo que echo profundamente de menos en España: mecanismos efectivos para limitar el poder y exigir responsabilidades a quienes lo ejercen.

Los estadounidenses lo llaman checks and balances. Nosotros, en demasiadas ocasiones, lo hemos sustituido por la disciplina de partido.

El problema de España no es quién gobierna. Es cuánto poder tiene quien gobierna y qué pocos incentivos existen para que sus propios representantes le lleven la contraria.

1. Los partidos eligen a los candidatos. Los ciudadanos se limitan a ratificarlos

En Estados Unidos, los ciudadanos pueden registrarse para votar y, dependiendo del estado, participar en elecciones primarias para elegir a los candidatos de los partidos.

No es un sistema perfecto, pero introduce un principio fundamental: el candidato debe ganarse el apoyo de los votantes, no solo el favor de la dirección de su partido.

En España, por el contrario, las cúpulas de los partidos controlan en gran medida quién aparece en las listas electorales y en qué posición. Y todos sabemos lo que eso significa: la carrera política de un diputado depende mucho más de agradar a su jefe y saber moverse en la estructura del partido que de defender a sus electores.

¿De verdad podemos hablar de representación democrática plena cuando los representantes tienen más miedo a perder su puesto en la lista que a perder la confianza de los ciudadanos?

2. Tenemos diputados y senadores, pero ¿a quién representan realmente?

Voy a ser deliberadamente provocador: el Congreso y el Senado españoles funcionan demasiadas veces como instrumentos de los partidos, no como verdaderos contrapesos del poder.

Por supuesto que legislan, debaten y ejercen funciones constitucionales. Pero la pregunta es otra: ¿cuánta independencia real tienen sus miembros?

En Estados Unidos, los 435 miembros de la Cámara de Representantes son elegidos por distritos y deben presentarse nuevamente ante sus electores cada dos años.

Eso cambia radicalmente los incentivos

Un congresista estadounidense puede enfrentarse a la dirección de su propio partido si considera que una decisión perjudica a los ciudadanos de su distrito. No significa que siempre lo haga, pero sabe que tiene que rendir cuentas ante ellos. Por eso, una mayoría mínima en ambas cámaras no siempre implica que el partido mayoritario apruebe las leyes que se presentan.

Imaginemos que aplicáramos ese principio en España.

¿Qué ocurriría si los diputados socialistas elegidos en Castilla-La Mancha tuvieran que explicar personalmente a sus electores por qué respaldan una financiación singular para Cataluña que su propio presidente autonómico, Emiliano García-Page, considera perjudicial?

¿A quién deberían obedecer? ¿A los ciudadanos que los eligieron o a la dirección nacional de su partido?

Ahí está la esencia del problema.

En España, demasiados diputados no representan a sus votantes ante el partido. Representan al partido ante sus votantes.

Y eso es exactamente lo contrario de lo que debería ser una democracia representativa.

3. Un Senado que debería controlar el poder, no limitarse a acompañarlo

En Estados Unidos, el Senado tiene competencias propias de enorme trascendencia: confirma numerosos nombramientos presidenciales, participa en la aprobación de leyes y tratados y juzga los procesos de destitución política (impeachment) iniciados por la Cámara de Representantes.

Es un verdadero contrapeso institucional.

En España, nuestro Senado está constitucionalmente definido como cámara de representación territorial, pero su capacidad para condicionar de manera definitiva la legislación ordinaria es mucho más limitada que la del Congreso.

Y aquí surge una pregunta incómoda: si tenemos un Senado para representar los intereses territoriales, ¿por qué no convertirlo en una institución capaz de defenderlos eficazmente frente al Gobierno central?

No necesitamos más instituciones decorativas. Necesitamos instituciones que controlen a quienes gobiernan.

4. El dinero en la política: ¿hipocresía o transparencia?

Este es uno de los aspectos que más sorprenden a los españoles al conocer el sistema estadounidense.

Las campañas electorales norteamericanas dependen en gran medida de aportaciones privadas, aunque también existen mecanismos de financiación pública y distintas reglas según el tipo de elección.

En España, en cambio, los partidos reciben una financiación pública considerable.

A primera vista, el modelo español puede parecer más justo. Pero conviene hacerse una pregunta: ¿es razonable que los ciudadanos financien con sus impuestos a organizaciones políticas que luego deciden quién puede representarlos?

En Estados Unidos existen mecanismos de financiación como los Political Action Committees (PAC), sujetos a reglas de contribución y divulgación, aunque también hay estructuras, como los super PAC, que pueden recibir aportaciones ilimitadas para gastos independientes.

No voy a defender la idea de que el dinero no tenga influencia en la política estadounidense. Sería absurdo. El riesgo de que los grandes donantes condicionen las decisiones políticas es real, pero la financiación privada también actúa como contrapeso: nadie arriesga su dinero en un programa que no esté equilibrado ni tenga sentido.

Aun así, hay una reflexión que merece la pena: la financiación pública tampoco garantiza independencia, ni la financiación privada implica necesariamente corrupción.

Lo verdaderamente importante es saber quién financia a quién, establecer límites adecuados, fiscalizar las aportaciones y exigir transparencia.

Porque una democracia no mejora simplemente haciendo que el contribuyente pague las campañas electorales. Mejora cuando los ciudadanos pueden conocer y controlar las relaciones entre el dinero y el poder.

5. Votar desde el extranjero: cuando ejercer un derecho parece una carrera de obstáculos

Como español residente en Estados Unidos, esta cuestión me toca especialmente de cerca.

Durante años, votar desde el extranjero en las elecciones españolas fue una auténtica odisea. Solicitudes, plazos, documentación que llegaba tarde y trámites que parecían diseñados para desanimar al elector.

La eliminación del voto rogado en 2022 supuso un avance importante. Pero todavía tenemos mucho que aprender en materia de accesibilidad y eficiencia electoral.

En Florida, donde resido, he podido experimentar un sistema de voto por correo que permite seguir el estado de la papeleta: saber cuándo ha sido enviada y cuándo ha sido recibida por las autoridades electorales.

Esa trazabilidad genera confianza.

Y hay otro aspecto que llama la atención: en numerosos estados de EE. UU., determinados jueces, fiscales y responsables policiales, como los sheriffs, son elegidos directamente por los ciudadanos.

No sostengo que elegir jueces sea necesariamente mejor que nombrarlos mediante procedimientos institucionales. La elección popular también puede introducir presiones políticas.

Pero sí demuestra que existen distintas maneras de distribuir el poder y someter determinados cargos públicos a la responsabilidad ciudadana.

La cuestión de fondo no es copiar a Estados Unidos. Es preguntarnos por qué en España nos conformamos con tan poca capacidad de influencia individual sobre nuestros representantes.

El verdadero problema: una democracia secuestrada por las estructuras de partido

No quiero que se malinterprete mi reflexión.

España es una democracia. Tenemos elecciones libres, pluralismo político, libertades fundamentales y un marco constitucional que debemos proteger.

Pero precisamente porque creo en la democracia, considero imprescindible denunciar sus deficiencias. Y, sobre todo, necesitamos ciudadanos que dejen de comportarse como aficionados de un equipo de fútbol, dispuestos a justificar cualquier cosa siempre que se trate de su partido.

Porque la democracia no consiste en aplaudir a los nuestros y condenar a los otros.

Consiste en exigir responsabilidades a todos.

España no necesita otro salvador político. Necesita un sistema en el que ningún político pueda comportarse como si lo fuera.

Y mientras no entendamos esa diferencia, seguiremos cambiando de inquilino en la Moncloa sin cambiar las reglas que permiten abusar del poder.

Doctor en Business Administration, Florida International University.