Empresas públicas: abrevaderos de políticos inútiles

Abrevadero de políticos depurados por las urnas. De aquellos amigos suyos que no valen para nada. El pilón del chaval cortito de algún diputado. De deshechos de la iniciativa privada. Eso es esencialmente una empresa pública: una gran ficción socialdemócrata diseñada para que unos cuantos vivan a costa de los demás. Implementadas tanto por el PP como por el PSOE. Y uno de aquellos inútiles que mejor recuerdo era José Miguel Moreno, aquel ex diputado del PP de la Asamblea de Madrid con pinta de párroco engominado de Fuenteovejuna que, en una conversación con el púnico David Marjaliza, reconocía que su metabolismo hortera se mantenía a costa de todas aquellas empresas públicas que estaban a su alcance: “Sin mayoría absoluta ya no nombras a todos los directores tú. Ya está todo el mundo colocado. Pero, macho, así me toco los huevos, que para eso me hice diputado. Bueno tío, que me voy de vacaciones. Prepárame pasta». Ahí está la génesis de la corrupción. Por encima de los 57 investigados del ‘Caso Lezo’, de las conversaciones grabadas por Villarejo y García Castaño a Ignacio González, de las filtraciones de jueces y sus bolos en la SER, de los miembros y ex miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, verdes y azules, involucrados en la trama del Canal de Isabel II.

La cual era, además, singularmente polifacética. Durante la era Gallardón, ex ministro de Justicia, ex alcalde de la Villa y esquilmador profesional de los contribuyentes madrileños que endeudó a generaciones, su función era eminentemente desfalcadora. Desviando 83 millones de euros a Panamá para la compra de Inassa, la empresa Interamericana de Aguas y Servicios en Colombia, asunto desvelado en primicia por este periódico. Durante la presidencia de Ignacio González, del 2003 al 2012, albergó la sede desde la cual se usaban fondos públicos para hacer pequeños dosieres destinados a triturar el presente y porvenir político de Cristina Cifuentes. Para eso servían, además, los desfalcos del Canal. Dejarlo durante más de una década en manos de semejante par era lo equivalente a confiar la virginidad de novicias de convento a la Madame de Torrevieja.

El peligro no se extingue con la judicialización del asunto del Canal. Existen más de 6.000 empresas públicas ruinosas, potenciales albergues de corruptos de todos los partidos. Y en ellas más de 200.000 personas contratadas a dedo por los Gobiernos entrantes sin actividad alguna identificada. Mientras Ignacio González baila el corro de la patata en el patio de Soto del Real, el robo legal o alegal prosigue en los consorcios. En las televisiones públicas. En las agencias, las fundaciones y demás quioscos públicos que, además de no ser un servicio básico, hacen la competencia a aquellas empresas privadas que las financian coactivamente. Radica en que esas empresas públicas están diseñadas para eludir la rendición de cuentas y las auditorías. Diseñadas para solapar las compatibilidades, así como para operar fuera de nuestras fronteras con dinero del contribuyente. Y radica en que la deuda generada por esas empresas públicas de las corporaciones locales, de la administración central y de las comunidades autónomas ya superaba los 55.973 millones en 2013.

Burdeles que nos obligan a ser la pilingui sodomita que además prepara la cama del cliente. Burdeles que, de no ser públicos ya habrían quebrado. De modo que, el peligro no es Ignacio González o Granados. Es la izquierda que defiende que el sentido de sostener a esos empleados públicos es el de conservar el statu quo y la capacidad de compra de esos mantenidos. Mientras, la derecha liberal que hace mucho que no existe, asesta golpes fiscales a las empresas privadas con todavía menor piedad que la acostumbrada a la hora de acabar con los únicos buenos de su propio partido.