La condonación espanta la inversión

La condonación de la deuda a Cataluña -y a cualquier administración- es un inmenso error que el Gobierno sigue empeñado en llevar adelante, que en el largo plazo espantará a la inversión. Pedro Sánchez prometió a los independentistas catalanes condonar una parte de la deuda de Cataluña emitida por el FLA a cambio de los votos recibidos para su investidura.

Ante todas las barbaridades de los acuerdos a los que ha llegado Sánchez, quizás el asunto de la condonación de la deuda no sea el peor de todos desde el punto de vista social y político, pero también debilita a España, al suponer una pérdida de credibilidad en la economía, en la fiabilidad de la misma, al levantar una barrera a los inversores, al introducir una inseguridad en quién va a asumir las futuras deudas que contraiga Cataluña. Inseguridad que se extiende y perjudica al conjunto de AAPP españolas, porque al dudar con una se duda de todas, por efecto contagio.

El perdonar la deuda, da igual que sea todo o parte, es una barbaridad legal y económica. Es una barbaridad legal, porque al realizarse al dictado de Cataluña y, específicamente, para Cataluña, se vuelve inconstitucional, porque atenta contra el artículo 138.2 de la Constitución Española, que dice: «Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales».

¿Y qué es esta medida, sino una medida que otorga privilegios a una región? Por otra parte, el artículo 157.3 de la Constitución establece que podrá regularse mediante ley orgánica las competencias financieras de las CCAA, que son enumeradas en el artículo 157.1 de la Constitución, entre ellas, las operaciones de crédito. Y ello está regulado en la LOFCA, en el artículo 14.

Del mismo modo, en dicha ley orgánica, se contempla en la DA octava la posibilidad de detraer de los recursos del SFA las cantidades necesarias para atender los mecanismos adicionales de financiación, como el FLA, si no se atienden por parte de la comunidad autónoma. Sánchez, en lugar de velar por dicho cumplimiento, lo vuela por los aires y les regala ese importe. Y aunque lo amplíen a todas las CCAA para tratar de salvar el incumplimiento del artículo 138.2 de la Constitución, antes citado, no dejará de ser un privilegio, pues se hace para beneficiar a Cataluña, porque en el propio acuerdo del PSOE con ERC se especifica que la operación supondrá la asunción del 20% de la deuda viva de Cataluña con la AGE.

Por tanto, es una operación unilateral, que incumpliría la Constitución -aunque esto, a Sánchez, no le preocupará, porque más la incumple con la amnistía- por mucho que después pretenda extenderse al resto. Adicionalmente, se les garantiza que el FLA seguirá atendiendo el endeudamiento de Cataluña si lo precisa, quién sabe si para dentro de un tiempo condonar otra parte o la totalidad, dependiendo de lo que Sánchez necesite para seguir un tiempo más en la cabecera del banco azul.

Y también es una atrocidad económica y financiera, porque lanza una señal pésima como país: ¿qué inversor va a confiar en cualquier comunidad autónoma a la hora de financiarla, si pueden no hacerse responsables de la deuda que emitan con este sistema ideado por Sánchez para obtener los votos de los independentistas? Esto es gravísimo, porque debilita la credibilidad crediticia de todo el Reino de España, que dificultará el acceso a los mercados y el coste de financiación tanto del Tesoro como de todas las AAPP españolas.

Es cierto, como me dicen algunos amigos y conocidos, que eso no se va a notar en el corto plazo, sino que incluso los inversores, los bonistas, aprovecharán para hacer arbitraje, pero eso sucede porque ahora mismo toda la deuda está respaldada, de una u otra manera, por el BCE. Ahora bien, ¿qué sucederá si, en algún momento, el BCE deja de respaldar la deuda soberana y subsoberana? Que el riesgo aumentará, se colocará la deuda peor en los mercados y el coste será mayor. Ahora no se ve, pero eso, en un entorno adverso y si el BCE tiene que dejar de respaldarla, sucederá.

De hecho, como ya escribí en OKDIARIO, S&P y Moody’s ya advirtieron del riesgo de empeoramiento de la calidad crediticia del Reino de España si se produce esa asunción de la deuda por parte de la Administración General del Estado, y como ninguna región puede tener mejor calificación que la AGE, pues entre el 70% y el 80% de sus ingresos dependen del Sistema de Financiación Autonómica, todas empeorarán.

Con esta medida, se premia a quien lo hace mal, se castiga a quien lo hace bien y se incentiva que se haga mal, con el dinero de todos los españoles. Es una discriminación inconstitucional frente al resto de regiones (artículo 138.2 de la Constitución) y un error gravísimo desde el punto de vista económico y financiero. Y si a todas las CCAA les condonan una parte equivalente de la deuda sobre su PIB equivalente a lo que van a condonar a Cataluña para que no sea inconstitucional, puede que desaparezca la discriminación -aunque no de origen, porque la medida se toma y calcula para beneficiar a Cataluña, como queda claro al leer el texto del acuerdo entre PSOE y ERC- pero no desaparece el error económico y financiero.

Y no desaparece ese error económico y financiero porque, en primer lugar, ¿qué credibilidad va a dar la economía de un país con administraciones de distinto nivel que, llegado el caso, pueden endosarle esa deuda a la administración superior? ¿Y si un día esa administración superior no lo cubre, porque no hay, a día de hoy, nada que obligue a la Administración General del Estado (AGE) a responder de la deuda autonómica y local? Genera una inseguridad tremenda en el mercado a largo plazo, por mucho que en el corto plazo, como diga, puedan beneficiarse los inversores con el arbitraje comentado, pero la vida y la economía, salvo para el fracasado planteamiento keynesiano, es mucho más que el corto plazo.

Adicionalmente, ese error se ve incrementado porque si a una región le regalan la deuda, ¿por qué va a cumplir, si le sale gratis endeudarse más? Con ello, se incentiva el gasto, el déficit y el endeudamiento, que crecerá, así, tanto en valores absolutos como sobre el PIB, perjudicando, de nuevo, la calidad crediticia del Reino de España. No se notará, insisto, mientras el BCE mantenga la respiración asistida de su respaldo, pero eso puede llegar a su fin -debe llegar, de hecho- en algún momento.

Y desde el punto de vista de los principios y valores, vuela por los aires la responsabilidad de hacer una buena gestión, de ser eficientes, de no malgastar, de aquilatar el presupuesto, porque da igual si se hace bien o mal, porque la irresponsabilidad se cubrirá.

Hubo un tiempo en el que los gestores se responsabilizaban de su actuación y trataban de hacerlo de la mejor manera posible, pero eso ahora se pone en peligro con esta medida: Sánchez, aparte de haber logrado con ello los votos independentistas para su investidura, busca desincentivar el cumplimiento, lo cual es muy grave. Por eso, el resto de CCAA no debe caer en la tentación de pedir que les condonen a ellas también la deuda. Es algo muy humano, porque ven delante de sus ojos cómo se comete una injusticia, pero deben denunciarlo y combatirlo, defendiendo la ortodoxia. Deben enarbolar la bandera de la seriedad y decir: «Yo quiero pagar mis deudas y quiero que todo el mundo pague las suyas», porque si pasan a defender otra cosa, por muy humano y comprensible que sea ante tamaña injusticia, será una equivocación.

Ninguna comunidad autónoma debe pedir la condonación de deuda, sería un error y blanquearía la decisión de Sánchez. Es más: las CCAA deberían pensar que si solicitan que les condonen su parte de deuda estarán lanzando al mercado una señal para que desconfíen de ellas, porque no serán de fiar al no responder de sus obligaciones. Serán unas administraciones fallidas y así el mercado podrá tratarlas. Es una medida, por tanto, a la que hay que oponerse de manera enérgica y frontal, porque es dañina para el conjunto de la economía y el empleo, sin caer en la tentación de aprovechar colateralmente el chantaje independentista catalán al que éste somete a Sánchez. Las deudas hay que pagarlas.