Ceuta, la cortina de humo perfecta para Begoña Gómez

La llegada masiva de inmigrantes a Ceuta en las últimas semanas no es sólo un fallo de control fronterizo. Es, ante todo, una cortina de humo. Mientras las calles de la ciudad autónoma se llenaban de jóvenes que cruzaban a nado o a pie y los centros de menores se desbordaban, en Madrid seguía su curso la maquinaria judicial que investiga a la esposa del presidente del Gobierno y a varios ex altos cargos del gobierno. El ruido de la frontera sur ha servido, una vez más, para desplazar el foco de aquello que realmente pone en cuestión la solidez del Estado de derecho: el uso de la posición privilegiada para obtener ventajas personales y el deterioro de las instituciones españolas .

No es necesario ser especialmente suspicaz para percibir la oportunidad del momento. Cuando la atención pública se concentra en las cifras de llegadas, en las imágenes de cuerpos en el agua y en las declaraciones de solidaridad internacional, resulta más fácil hacer pasar desapercibidas las citaciones, los autos de apertura de juicio oral y las medidas cautelares que afectan a personas del entorno más cercano del poder. La justicia no se detiene, pero la opinión pública sí puede ser distraída. Ya sabemos que en política la distracción es un recurso tan valioso como el silencio.

Más grave aun es lo que se esconde detrás de la retórica de la acogida. Entre quienes han entrado hay un número elevado de personas que se declaran menores y nadie se plantea la posibilidad de devolverlos a sus hogares, con su familia. La respuesta va por otros derroteros -la tutela automática a cargo de las arcas del estado, con largos procesos de determinación de edad que, terminan en regularización y, a medio plazo, en nacionalidad, no sin antes suponer un abundante sangrado a las arcas del Estado, es decir, a nuestros bolsillos. Hay que preguntarse, con franqueza, cuántos de esos «menores» lo son de verdad y cuántos aprovecharán el sistema para convertirse, en unos años, en electores. Un electorado cautivo, dependiente de las políticas de regularización y de las redes de asistencia, es un electorado que tiende a recompensar a quien le abrió la puerta. La estrategia de convertir la debilidad fronteriza en clientela electoral no es nueva, pero en las circunstancias actuales resulta especialmente cínica.

El sumun de la hipocresía llega cuando se compara el trato que se dispensa a quien carece de documentación con el que se exige al ciudadano español. Quien viaja en tren o en autobús entre provincias debe identificarse, pasar controles, exhibir billetes nominativos y someterse a las normas de seguridad. El español de a pie no puede cruzar una «frontera» interior sin papeles. Sin embargo, miles de personas indocumentadas han entrado en territorio nacional sin que nadie haya podido verificar su identidad, su edad, sus antecedentes o sus intenciones. La desigualdad ante la ley no puede ser más escandalosa. Un Estado que controla a sus propios ciudadanos con rigor burocrático y al mismo tiempo permite el acceso masivo de desconocidos sin filtro alguno, está destruyendo un principio fundamental :la protección del orden público y de la igualdad jurídica.

Ceuta no es un problema local. Es el síntoma de una política que ha sustituido la seriedad por la gesticulación y el oportunismo y el control por la anarquía interesada. Y todo este entramado —plazas de emergencia, traslados, personal reforzado, centros improvisados, dispositivos policiales y militares— cuesta una fortuna. Una fortuna que sale de las arcas públicas y que terminamos pagando los españoles de siempre, a base de más impuestos, aumento de retenciones y más saqueo fiscal. Es un acto de fuerza bruta contra los derechos individuales de los ciudadanos productivos: una invasión de su propiedad, de su seguridad y de los frutos de su trabajo.

Mientras se discute si son 5.000 o 10.000 los que se quedan, se asfixia al ciudadano que trabaja para sufragar el desorden y el oportunismo indecente de los que deberían representarles y protegerles.

Y mientras tanto, continuamos sin la respuesta necesaria: ¿quién decide quién entra en España y bajo qué condiciones? Hasta que alguien se atreva a contestarla con claridad, cada crisis en la frontera será una oportunidad para unos y una carga añadida para los demás.

Y con Begoña y el resto de los inculpados ¿qué está pasando?