Una canallada que no puede quedar impune

Es innegable el daño causado a Julio Iglesias por las gravísimas acusaciones contenidas en las informaciones sobre unas supuestas agresiones sexuales —reveladas como falsas— cometidas por el cantante sobre varias mujeres de su servicio doméstico en su residencia de República Dominicana. Lo publicado en España por eldiario.es y en Estados Unidos por la cadena Univisión era de tal gravedad que, una vez constatado que el recorrido judicial de las denuncias de las supuestas víctimas se ha quedado en nada, lo ocurrido no puede quedar impune.

Sobre todo después de que OKDIARIO publicara mensajes enviados al artista por las mujeres supuestamente agredidas en los que, en fecha posterior al momento de los hechos denunciados, le agradecían su trato y le expresaban su afecto y amistad en un tono incompatible con alguien que ha sufrido una agresión sexual. Y es que la imagen, la reputación y el honor de nuestro artista más internacional sufrieron un daño objetivo de enormes proporciones que sólo la justicia puede resarcir, aunque nunca la reparación será plena.

Es comprensible que Julio Iglesias haya demandado a la vicepresidenta Yolanda Díaz, pues sus comentarios dando por buenas las informaciones y vertiendo gravísimas acusaciones sobre el cantante traspasaron todos los límites, sobre todo viniendo de un miembro del Gobierno de España que, además de respetar la presunción de inocencia, tiene que guiarse con un mínimo de mesura y templanza.

Nada de esto hizo Yolanda Díaz, sino todo lo contrario, pues cargó de forma miserable contra el cantante calificándole de abusador y esclavista. Y, por supuesto, la acción penal es ampliable a los medios de comunicación que dieron amplísima cobertura a unas denuncias que —no hace falta ser muy sagaz— se han demostrado falsas.

Aquello fue un ejercicio de manipulación tan grosero que las calumnias no pueden salir gratis. La libertad de expresión y de información no dan patente de corso para la difamación, de modo que unos y otros tendrán que asumir su responsabilidad. Y será la justicia quien tenga la última palabra.