Si lo de Armengol en el Supremo no fue un delito de falso testimonio se le parece mucho

Apenas unos días después de que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, negara al Tribunal Supremo haber dado órdenes durante la pandemia para comprar mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama, y asegurara que no hizo contrataciones ni indicaciones sobre a quién se debía contratar, «ni en el ámbito sanitario ni en ningún otro»,  el informe de la UCO desmonta de cuajo el testimonio de la ex presidenta socialista del Gobierno de Baleares al revelar un intercambio de mensajes entre ella y el asesor de Ábalos, Koldo García, en los que queda claro que la hoy tercera autoridad del Estado no sólo puso en contacto a la mano derecha de Ábalos con el director general de Salud del Ejecutivo autónomo, sino que incluso le pidió personalmente que gestionara el envío de mascarillas infantiles, llegando ambos a hablar de precios -en torno a un millón de euros-.

En suma, que sí se implicó directamente, hasta el punto de que fue la propia Armengol la que abrió las puertas de su comunidad a la trama. Será la justicia quien determine si el contenido del informe de la UCO tiene implicaciones penales para Armengol, pero lo que está claro es que sus comparecencias en el Senado fueron la apoteosis de la mentira y, lo que es mucho más grave, en su condición de testigo en el Supremo —obligada a decir la verdad— pudo cometer un delito de falso testimonio.

Pero con independencia del posible horizonte penal, lo que queda claro —por una elemental cuestión de dignidad de la Cámara— es que Armengol no puede seguir ni un minuto más en el cargo. La gravedad del asunto viene derivada no tanto del hecho de que Armengol pudiera cometer delito, sino de que su testimonio en la Cámara Alta fue un cúmulo de patrañas, que tuvo su remate con el escrito que presentó en el Supremo, igualmente falso de la cruz a la raya.