Ahora resulta que Catalá ha puesto la sentencia de La Manada

La sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra sobre los execrables actos de los cinco integrantes de La Manada durante los Sanfermines de 2016 —cuatro de ellos están acusados también de abusar de otra chica ese mismo año— ha generado una comprensible indignación entre la sociedad española. La Fiscalía pedía 22 años de prisión para cada uno por delitos continuados de agresión sexual, contra la intimidad por grabarla con el móvil mientras realizaban las vejaciones y por robo con intimidación tras robarle el teléfono a la chica e impedir que pudiera pedir auxilio. No obstante, el Tribunal Provincial —que estaba compuesto por una mujer y dos hombres y ninguno de los tres ha observado violación— ha condenado a los agresores por abuso y no por violación, generando así una ola de indignación que ha recorrido España. Es lógico, ya que toda sentencia es criticable  y, además, las imágenes y los testimonios que han trascendido a la opinión pública son espeluznantes. Sin embargo, resulta irresponsable que, apelando a las bajas pasiones, estos abusos traten de instrumentalizarse políticamente con una manifestación multitudinaria frente al Ministerio de Justicia.

¿Qué culpa tiene la institución o su ministro, Rafael Catalá, de lo sucedido? ¿Qué más puede hacer el Gobierno cuando, además, se afana en endurecer la Prisión Permanente Revisable para poner coto a los casos más graves que padece la sociedad? La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho y hecho lo que debe: respeto a la independencia judicial y predisposición para trabajar con el objetivo de que no vuelva a ocurrir. Nada se puede reprochar al Ejecutivo, sobre todo si tenemos en cuenta que el Ministerio Fiscal —dependiente de Catalá— es quien solicitaba las penas más duras para los agresores. A pesar de que cada uno es muy libre de manifestarse cómo y dónde quiera dentro de los límites legales, no se entiende que dichas concentraciones se produzcan frente a Justicia. Especialmente si tenemos en cuenta que en las redes sociales —principal plataforma de convocatoria de cualquier movilización hoy en día— numerosos políticos de partidos como Izquierda Unida, Equo o Podemos han jaleado las mismas.

Asuntos tan graves como éste precisan de trabajo serio y reflexión pausada. En ningún caso de instrumentalización política, ya que resulta especialmente obscena tratándose del tema que se trata. Quien haga casus belli directa o indirectamente contra el Ejecutivo por esta sentencia, además de carecer del más mínimo sentido del procedimiento jurídico, se estará retratando a sí mismo. Es muy sencillo jugar a la demagogia, pero en este particular resulta profundamente indigno. Es el caso de Podemos. Incapaces de apoyar la Prisión Permanente Revisable que casi le imploraron esos padres coraje que son Juan Carlos Quer, Antonio del Castillo y Juan José Cortés, este jueves han intentado apropiarse del caso de La Manada y hacer bandera política con él. Tanto su secretario general, Pablo Iglesias, como la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, se quejan de la misma justicia a la que privan de las herramientas necesarias para endurecer las penas. Hay que ser más serios y coherentes. No estamos hablando de fatuidades, sino de proteger a nuestros seres queridos. Algo que se hace con leyes, no con demagogia.