Ríos de ceniza y lodo: la lluvia de otoño arrastra los restos del incendio de Burgohondo a los embalses

• Antonio Quilis @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 08/10/2026 14:51
  • Actualizado: 08/10/2026 14:51

Las primeras lluvias intensas del otoño han llegado a las zonas calcinadas tras un verano marcado por grandes incendios forestales. Con ellas llega también un nuevo peligro para los ecosistemas y la población: los aguaceros arrastran cenizas, barro y sedimentos hacia ríos, embalses y captaciones de agua.

La dimensión de la superficie quemada ayuda a entender el alcance del problema. Según el informe de situación de incendios forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a fecha de hoy, el fuego ha afectado a 266.421 hectáreas de superficie forestal en lo que va de 2026.

Esa cifra supone un 172,2% más que la media del periodo 2016-2025, que se sitúa en 97.879 hectáreas. En este contexto, Greenpeace ha documentado los arrastres de lodos y cenizas del incendio de Burgohondo (Ávila), uno de los más graves de 2026 y el segundo de mayor superficie desde que existen registros, según la organización.

Una emergencia que no termina

Las imágenes captadas por la organización muestran cómo las lluvias intensas del otoño ya están llevando cenizas, barro y sedimentos desde las zonas calcinadas hacia los cursos de agua. «Es evidente que la emergencia no termina cuando se apaga el fuego», ha señalado Mónica Parrilla, responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace.

Parrilla ha advertido de que, sin actuaciones posteriores para estabilizar el suelo y proteger los recursos hídricos, «estamos sembrando nuevas crisis ecológicas y sociales». La responsable añade que los incendios han evolucionado a episodios dramáticos, igual que sus impactos durante y después del fuego.

La organización alerta de que lo que muestran las imágenes ya ocurre o puede ocurrir en más zonas incendiadas. Por eso reclama medidas urgentes para proteger el suelo de las superficies arrasadas, minimizar la erosión, evitar la contaminación de los cursos de agua y garantizar el abastecimiento de agua potable.

Camiones cisterna y agua embotellada

Muchas localidades dependen de aguas superficiales para abastecerse, lo que las hace especialmente vulnerables a este tipo de arrastres. En los municipios afectados por el incendio de Burgohondo, las administraciones han tenido que recurrir a camiones cisterna y agua embotellada para garantizar el suministro en varios puntos.

Greenpeace ya expuso el pasado 25 de agosto la necesidad de tomar medidas de estabilización de emergencia para evitar el denominado «chapapote de monte». Con esa expresión se refiere al lodo cargado de cenizas y sustancias tóxicas que las lluvias arrastran desde los terrenos quemados.

Entre las medidas propuestas figuran la instalación de pequeños diques, los acolchados de paja (mulch) y las construcciones provisionales. Su objetivo es frenar el arrastre de cenizas y lodos, que pueden contaminar el agua potable, colmatar las potabilizadoras y causar múltiples impactos en la fauna piscícola.

Parrilla resume la cuestión en una idea: «Las medidas posincendio son una cuestión de agua, de protección civil y de salud ambiental». Para la organización, la protección del agua debe ocupar un lugar central en la gestión de los territorios afectados por el fuego.

Dudas sobre retirar la madera quemada

Otras actuaciones habituales tras un incendio, como la extracción de la madera quemada, deben ser revisadas, según Greenpeace. En el caso de Burgohondo, la Junta de Castilla y León publicó una orden para retirar el arbolado quemado de la zona afectada.

La organización sostiene que una retirada generalizada deja el suelo más expuesto y favorece el arrastre de cenizas, lodos y sedimentos con las lluvias. Sin el arbolado quemado en pie, el terreno pierde parte de la protección que aún le queda frente a la erosión y la escorrentía.

Por ello, Greenpeace considera fundamental retrasar unos meses el talado del arbolado quemado, cuando las condiciones lo permitan, para favorecer la fijación del suelo. Después, propone una retirada selectiva adaptada a las características de cada zona.

Efectos que duran años

Los impactos de los grandes incendios pueden prolongarse durante meses e incluso años, y se agravan con la llegada de las lluvias. En el municipio zamorano de Sanabria, los incendios de 2025 provocaron después arrastres de cenizas hacia el río Bibey, cuyas aguas no eran aptas para el baño.

Hace apenas unos días, el agua apareció negra en la playa de San Antonio de Calonge (Gerona) por el arrastre de cenizas del incendio de Las Gavarres del verano pasado. A ello se suma la riada de este agosto en Manzanedo de Valdueza (Ponferrada), donde fallecieron dos mujeres en una zona arrasada por el fuego en 2025.

El informe de 2025 del Colegio de Ingenieros Civiles sobre las afecciones de los incendios forestales a las aguas superficiales y subterráneas confirma que la contaminación de las aguas superficiales puede persistir entre tres y cinco años. El plazo depende de la intensidad de la alteración del suelo.

Aguas subterráneas amenazadas

Los episodios de lluvias fuertes pueden seguir provocando arrastres hacia ríos y arroyos durante al menos 18 meses, según el mismo informe, aunque con una tendencia gradual a disminuir, especialmente durante los inviernos. El problema, sin embargo, no se limita a la contaminación visible de ríos y embalses.

Las cenizas y los materiales movilizados por las lluvias alcanzan también las aguas subterráneas, un recurso estratégico en un país con sequías y contaminación. Según el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en los últimos 20 años más de 900.000 hectáreas de masas de agua subterránea han sufrido impactos relacionados con incendios.

El IGME cifra el coste ambiental y económico de esos impactos en más de 43 millones de euros. Entre las demarcaciones identificadas como más vulnerables figuran las del Miño-Sil, el Duero y Galicia Costa, donde el seguimiento de la calidad del agua resulta especialmente necesario.

Vigilancia durante años

En un contexto de cambio climático que agrava sequías e incendios, Greenpeace considera fundamental mantener un seguimiento extraordinario de las masas de agua subterránea afectadas. Sus efectos no son inmediatos: las cenizas y sustancias movilizadas en la superficie se infiltran con el agua de lluvia y alcanzan el subsuelo de forma progresiva.

Ese proceso puede durar desde semanas hasta varios años, según las características del terreno y de los materiales atravesados. La vigilancia debe intensificarse durante los periodos de recarga, especialmente con las lluvias de otoño e invierno, y mantenerse durante sucesivas campañas para detectar alteraciones en la calidad del agua.

«Lo primero es prevenir los grandes incendios forestales», ha añadido Parrilla. Después, dado su grado de severidad, considera vital «conocer mejor cómo funcionan los ríos, acuíferos y demás sistemas hídricos afectados» y entender cómo el fuego altera tanto la cantidad como la calidad del agua.

Según los datos que maneja la organización, este 2026 hay 279.545 hectáreas afectadas por incendios, frente a las 354.746,67 de 2025. Greenpeace subraya que las consecuencias posincendio son un reto de grandes dimensiones y que exigen una respuesta coordinada de todas las administraciones.

Las demandas de la organización

Greenpeace reclama priorizar la protección del agua, tanto superficial como subterránea, en las políticas posincendio y en los planes de restauración. También pide protocolos de respuesta rápida tras apagarse las llamas para evaluar los daños, priorizar las zonas de actuación y aplicar medidas urgentes.

Además, demanda reforzar las redes de control de calidad del agua y de piezometría en las cuencas más vulnerables. Plantea asimismo protocolos de coordinación entre confederaciones hidrográficas, comunidades autónomas y ayuntamientos para evitar el actual «caos competencial».

Por último, la organización pide integrar el riesgo de incendios en la planificación hidrológica nacional, con especial atención a los acuíferos estratégicos. Propone también reforzar la investigación sobre cómo el fuego altera el suelo, la escorrentía y la infiltración, con redes específicas de seguimiento de las aguas subterráneas.