Instan al Gobierno de España a tomar medidas ante el aumento de ataques de lobo al ganado
Fundación Artemisan se suma a la solicitud de Castilla y León de eliminar al lobo del LESPRE para permitir la convivencia de la especie con la ganadería
Se ha producido un incremento del 33 % de ataques en Castilla y León desde la protección estricta de la especie
El aumento de la población y de los ataques del lobo en España sigue generando tensión en los territorios, sobre todo en la Comunidad de Castilla y León, que propician peticiones a las que se suman la propia Junta y entidades como fundación Artemisan o las Organizaciones Profesionales Agrarias.
Ahora, desde Fundación Artemisan se insta al Gobierno de España a modificar la decisión adoptada en el año 2021 de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) ante el aumento de ataques de lobo al ganado.
En este sentido, la entidad recuerda «que la Junta de Castilla y León acaba de hacer público una información que señala que se ha producido un incremento del 33 % de ataques desde la protección estricta de la especie, con un total de 3.558 ataques y 5.566 cabezas muertas en el año 2023».
Crecimiento del lobo
La fundación achaca a que el aumento coincide con el crecimiento de población de lobos en los últimos años, como ya señaló Fundación Artemisan en el informe El lobo ibérico (Canis lupus signatus) en España: poblaciones y efectos en la ganadería, elaborado en 2023 y que fue remitido a la Comisión Europea tras la petición de datos actualizados sobre su situación en los distintos países europeos.
El informe cifraba en un 26 % de aumento de la población de lobo en España desde 2014, último censo nacional de la especie, sobre la base de las cifras proporcionadas por las distintas Comunidades Autónomas, y, además, demostraba también esa relación entre el aumento de ejemplares y el de daños sufridos por el ganado.
Fundación Artemisan señala que los últimos datos publicados por la Junta de Castilla y León vienen a confirmar lo contenido en el informe y a reforzar la postura de que es necesario recuperar el modelo de gestión que tenía la especie antes de su entrada en el LESPRE, que permitió que las poblaciones se recuperaran con éxito, pero controlando los daños sufridos por la ganadería, sector imprescindible en el mundo rural.
Retirada del lobo del LESPRE
Los datos ofrecidos por la Junta de Castilla y León arrojan «cifras récord» en ataques tras la prohibición de la caza del lobo en el norte del río Duero, lo que ha supuesto un importe de indemnizaciones de 3,45 millones de euros solo en el año 2023, poniendo a la administración en una situación límite que requiere que se tomen medidas.
En este sentido, desde Fundación Artemisan apoyan a la Junta de Castilla y León y a las Organizaciones Profesionales Agrarias en su reivindicación de retirar al lobo del LESPRE y de recuperar el diálogo para volver a una gestión del lobo que permita la convivencia de una especia totalmente necesaria para los ecosistemas, con la supervivencia de la ganadería, un sector indispensable en el campo español
Seguir la estela de Europa
Además, insta al Gobierno de España a unirse a la posición de la Comisión Europea, que está reconsiderando modificar el estado de protección del lobo debido al aumento de sus poblaciones, la preocupación que está generando y los daños que está produciendo.
En este sentido, la Comisión Europea está planteándose relajar las reglas de protección del lobo en la Unión Europea al tildar como «peligro real» el aumento de su población al estar recabando información actualizada sobre la recuperación de las poblaciones de lobos en los países comunitarios.
El objetivo de esta nueva petición de información es el de tener datos actualizados sobre su incidencia y evaluar si supone un «peligro real» para el ganado y la población local y decidir si es necesario revisar las normas comunitarias que regulan la protección de este animal.
Desde Fundación Artemisan señalan que apuesta por la conservación del lobo y de todas las especies cinegéticas y no cinegéticas, pero «siempre mediante una adecuada gestión poblacional que permita su convivencia con las personas y las actividades del entorno».
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