La juez archiva la denuncia de los policías al alcalde de S. S. de los Reyes por prevaricación

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Alcobendas ha archivado la denuncia contra el alcalde de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero (PSOE), por un presunto delito de prevaricación administrativa, por ascender de forma irregular a un sargento de la Policía local en octubre de 2015.

En el auto, fechado el 6 de julio, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se decreta el sobreseimiento provisional y archivo del caso ante la inexistencia de delito según la jueza Rosa María Gascón.

El proceso judicial comenzó cuando dos mandos policiales se querellaron contra el alcalde y su concejal de Economía y Hacienda, Ramón Sánchez-Arrieta, por el nombramiento del jefe del cuerpo policial, que, a su entender, revestía prevaricación administrativa.

Para los querellantes, el nombramiento del jefe del cuerpo policial no obedecía a las razones de urgencia y necesidad que se invocaban por parte del equipo de Gobierno municipal, ni supuestamente respetaba los procedimientos legales para la provisión del puesto, por lo que perjudicaba a otros miembros de la Policía Local con más rango.

Fuentes del grupo municipal socialistas de San Sebastián de los Reyes señalan que se demuestra que el municipio cuenta con un «alcalde honesto» y ha lamentado que «haya habido personas que hayan intentado aprovechar esta circunstancia para obtener un rédito político». «De ser coherentes con el respeto que debemos a las instituciones, estas personas deberían haber pedido disculpas», han aseverado los socialistas.

El supuesto delito se cometió en octubre de 2015 cuando el edil delmramo firmó un decreto provisional para la promoción del sargento. La querella aseguraba que «no se habían respetado los procedimientos legales para la provisión del puesto». No obstante, uno de los dos cargos policiales que denunciaban se había apartado del caso.

Malversación y acoso

En mayo, la juez emitió un auto de procedimiento abreviado al entender, conforme a la instrucción, que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, usurpación de funciones públicas e instrusismo y acoso laboral.

El denunciante exponía que con su treta el alcalde «consiguió colocar como Jefe de facto de la Policía local a una persona próxima del alcalde, socavando las funciones del Oficial y Suboficial de carrera existentes en la plantilla y postergando de forma discriminatoria al resto de Sargentos del Cuerpo a los que no se dio opción de acceder, primero, a la atribución temporal de funciones superiores a su cargo, y posteriormente, al desempeño de la jefatura operativa».

En este sentido, destacaba que «no consta acreditado que la medida tomada haya supuesto una mejora sustancial en la prestación del servicio de policía o se haya abordado un nuevo diseño estructural de dicho cuerpo».

Violaba el Código Ético

Tras conocer el auto, el Partido Popular señaló que el código ético del PSOe de Madrid recogía que «cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria». En caso opuesto, agrega el texto, «será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido».