Un directivo de la Gremial del Taxi de Madrid condenado por amenazar a un socio que pedía documentación

Un miembro de la Junta Directiva de la Asociación Gremial del Auto-Taxi de Madrid ha sido condenado penalmente por amenazar a un socio que ejercía su derecho estatutario a examinar documentación de la entidad. La sentencia ha declarado a A. C. autor responsable de un delito leve de amenazas. La resolución, que no es firme y puede ser recurrida en apelación en el plazo de cinco días, impone una pena de dos meses de multa con una cuota diaria de seis euros, además de las costas procesales.

Los hechos declarados probados por la magistrada se remontan al 3 de diciembre de 2025. Ese día, sobre las once de la mañana, el asociado A. H. se encontraba en la oficina-despacho de la Asociación, sita en la calle San Germán, examinando documentos que había solicitado ante la celebración de una junta.

Según recoge la sentencia, el directivo entró en el despacho donde tenía su puesto físico de trabajo y, en un tono elevado, se dirigió al denunciante manifestándole que no sabía quién era él y que le iba «a partir la cara».

A continuación levantó el brazo «haciendo ademán de lanzarle un golpe, golpe que no impactó en el denunciante al ser parado por otro miembro de la asociación».

La magistrada ha fundamentado la condena en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que define el delito de amenazas como «el anuncio consciente de un mal futuro, injusto, determinado y posible, con el único propósito de crear una intranquilidad de ánimo, inquietud o zozobra en el amenazado».

Testimonios en el juicio

La valoración de las pruebas practicadas en el juicio, celebrado el 11 de junio en la sede judicial de la Plaza de Castilla, resultó determinante. La magistrada ha otorgado plena credibilidad a los testimonios de dos personas, quienes declararon de forma «clara, contundente, detallada, coherente y coincidente» sobre la actitud agresiva del condenado y las expresiones proferidas.

Uno de ellos afirmó haber tenido que interponerse físicamente cuando el hoy condenado se abalanzó hacia el socio crítico. El otro relató que el denunciado «soltó un puñetazo y no logró alcanzarle» porque el primer testigo «se puso en medio».

Frente a esos testimonios, el condenado negó en todo momento los hechos, alegando que se había limitado a indicarle al denunciante que no podía fotografiar los documentos.

Por su parte, otro testigo, miembro también de la junta directiva, declaró de forma «algo imprecisa y titubeante» que no oyó amenazas ni presenció ningún intento de agresión.

La magistrada, tras valorar el conjunto de la prueba, ha considerado suficientemente desvirtuado el principio de presunción de inocencia.

El conflicto tiene antecedentes en la vida interna de la Asociación Gremial. El socio crítico se presentó a las últimas elecciones de la entidad con una candidatura distinta a la del condenado, sin resultar elegido.

La disputa por el acceso a la documentación de la junta se enmarca, pues, en un ambiente de tirantez entre distintas corrientes de la organización que agrupa a los taxistas autónomos de Madrid. Es la segunda entidad por número de afiliados en la región.

Silencio de la dirección

Un comunicado difundido por el denunciante y víctima entre los asociados plantea preguntas que la dirección de la Gremial no ha respondido públicamente.

Entre ellas, si la defensa jurídica del condenado ha sido sufragada con fondos de la Asociación y si existe acuerdo de Junta Directiva que autorice ese gasto.

El texto recuerda que los Estatutos obligan al presidente a «velar por el prestigio de la Asociación y hacer cumplir el orden jurídico de la Entidad», así como a imponer las sanciones que procedan cuando un socio incurra en conductas que deterioren gravemente su imagen.

El comunicado también ha recordado la figura del testigo clave en el proceso y cuya declaración fue expresamente valorada en la sentencia como determinante. Resulta que ha fallecido recientemente, sin haber podido ver publicado el fallo que recogió su testimonio.

La sentencia, de cinco páginas, ha quedado así como el epítome —la síntesis más rotunda— de un conflicto que lleva meses tensando la convivencia en el seno de una de las asociaciones más veteranas del sector del taxi en España.

La dirección de la Gremial tiene ahora sobre la mesa algo que ningún reglamento interno puede archivar: una resolución judicial firmada por una magistrada que ha creído a quienes alzaron la voz, y el silencio como única respuesta hasta la fecha. Los estatutos están escritos. La pregunta es si alguien va a leerlos en voz alta.