Bolaños bloquea durante 4 años el nombramiento de 800 jueces y funcionarios y colapsa los juzgados de Madrid

María es auxiliar judicial y dependienta en el supermercado de su barrio. Hace tres años aprobó el examen que la acredita como funcionaria del grupo C1. Sin embargo, sigue reponiendo estanterías mientras espera una llamada que no llega. Como ella, otras 800 personas aprobaron sus oposiciones y permanecen en un limbo burocrático: el Ministerio de Justicia no tramita sus nombramientos desde hace cuatro años, lo que ha generado un déficit del 15% en la plantilla judicial de la Comunidad de Madrid.

El problema, sin embargo, no es exclusivo de la capital. En toda España, los aprobados en las últimas convocatorias llevan años sin recibir el alta que les permitiría incorporarse a sus puestos. El resultado es una administración de Justicia herida de gravedad: de una plantilla total de aproximadamente 45.000 funcionarios, un tercio de los puestos están sin cubrir.

Una cifra que, lejos de ser un dato administrativo, se traduce en juzgados colapsados, procedimientos eternos y ciudadanos que ven cómo sus asuntos se eternizan en un sistema sin personal suficiente para atenderlos. La sangría no cesa: solo en lo que va de 2026, 866 funcionarios han causado baja, una cifra que agrava todavía más una situación ya de por sí crítica.

El Ministerio aduce que el proceso es complejo: 12 comunidades autónomas gestionan sus propios tribunales y el listado final de aprobados debe publicarse a la vez en el BOE para todo el territorio. Si Cataluña o Valencia se retrasan evaluando méritos lingüísticos, el proceso entero se frena.

Sin embargo, los sindicatos —CSIF, STAJ y CCOO— llevan años desmontando esta coartada: el Ministerio, como órgano convocante, tiene potestad para fijar plazos improrrogables a las comunidades y no lo hace, y en varias convocatorias ha tardado más en baremar su propio territorio que comunidades con lenguas cooficiales.

Para tapar los agujeros, la Administración recurre a la contratación temporal, pero ni eso funciona. La tasa de empleo temporal en la Justicia española supera el 20%, más del doble del 8% que exige la Unión Europea como umbral razonable. Una precariedad estructural que alimenta una rotación constante y dificulta cualquier atisbo de estabilidad en las plantillas.

A la escasez de personal se suma el malestar creciente entre quienes sí están en activo. La nueva ley de eficiencia del servicio público de Justicia, lejos de aliviar la carga de trabajo, ha disparado las quejas en los juzgados. Los funcionarios denuncian que la norma ha ampliado sus competencias sin dotar de medios adicionales: más trámites, más responsabilidades y los mismos —o menos— efectivos para asumirlos.

Varios sindicatos han advertido de que el incremento de tareas está detrás de parte de las bajas por incapacidad temporal registradas en los últimos meses, en un cuerpo que ya acumulaba una presión insostenible.

En la Comunidad de Madrid, la situación roza el colapso. Lleva dos años sin publicar una bolsa de interinos actualizada, lo que deja a los gestores sin herramientas para cubrir las bajas que, según fuentes del sector, están a la orden del día.

Ante la falta de candidatos preparados, la Comunidad recurre a personas inscritas en el SEPE, el servicio público de empleo, para ocupar plazas que requieren una formación específica. El desenlace es previsible: muchos de estos trabajadores, desbordados por unas funciones para las que no han sido formados, acaban pidiendo la baja voluntaria al poco tiempo de incorporarse, agravando aún más el déficit.

Y cuando un funcionario causa baja, sea voluntaria o por enfermedad, el puesto no se cubre hasta pasados cuatro meses. Cuatro meses en los que sus compañeros absorben el trabajo extra, los plazos se alargan y la calidad del servicio se resiente. Mientras tanto, María sigue en el supermercado. Aprobó su examen, demostró su valía y está lista para trabajar. Solo necesita que el ministro Bolaños firme su nombramiento. Lleva tres años esperando.