Velasco deja en prisión a Granados alegando que sus supuestos testaferros esconden millones de euros

La investigación de la trama Púnica se ha convertido en una huída hacia delante que podría tener fecha de caducidad si se confirma el traslado del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional para desarrollar un proyecto europeo en latinoamérica.

Mientras tanto, el titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia ha negado una vez más, y van cerca de una decena, la libertad provisional para Francisco Granados tras casi 28 meses en prisión preventiva.

El pasado mes de enero, la defensa del ex dirigente del PP presentaba un escrito en la Audiencia proponiendo al magistrado un poder notarial que le permitiera investigar cualquier cuenta bancaria de Granados en los bancos y entidades de crédito de todo el mundo, incluyendo los paraísos fiscales.

Este escrito oficial sustituiría a las denominadas comisiones rogatorias, que son auxilios judiciales remitidos a países del extranjero con el objetivo de investigar y completar la instrucción de un caso. Dichas comisiones rogatorias retrasan frecuentemente los procesos judiciales, ya que hasta que son recibidas, aceptadas y contestadas por los países receptores pueden pasar meses e incluso años.

Según ha podido saber OKDIARIO, Velasco ha rechazado hace pocos días este poder notarial y mantiene en prisión a Granados alegando que esconde su fortuna millonaria a través de «testaferros» en el extranjero.

Esta aseveración del magistrado, sin embargo, no se sostiene aportando ningún dato concreto que demuestre la existencia de estos supuestos testaferros, ni la presunta fortuna millonaria amasada a través de hipotéticos pelotazos urbanísticos en Valdemoro, fundamentados en informes policiales plagados de errores, tal y como ha desvelado este diario.

Las fiscales anticorrupción de Púnica ya negaron hace pocos meses la libertad al ex consejero madrileño asegurando que ocultaba 700 millones de euros fuera de España, otra hipótesis que mantenían las representantes del Ministerio Público sin presentar prueba alguna.

Hace pocos días, los letrados del ex dirigente del PP dejaron la puerta abierta a presentar un posible recurso ante el Tribunal Constitucional si Velasco mantenía en prisión provisional a Granados sin comunicarle los hechos concretos para fundamentar su decisión.

El patinazo de Velasco en Murcia

Paradojicamente, la propia Fiscalía Anticorrupción desautorizaba ayer al juez Velasco en su intención de imputar en Púnica al actual presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

El magistrado acusaba a Sánchez por supuestamente «concertarse con empresas del experto informático, Alejandro de Pedro, para amañar contratos de formación en la Consejería de Educación con el fin mejorar su reputación para postularse a presidente de la región».

El Ministerio Público emitía un comunicado para aclarar que no investigarán al presidente popular murciano al entender que «no llegaron a formalizarse contratos de publicidad» con el informático y por tanto, «no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas”.

Por el contrario, Anticorrupción sí entiende que la participación en los mismo hechos de la senadora popular Pilar Barreiro, “aparece sustentada en diversos indicios que, sin adelantar su suficiencia probatoria, sí merecen ser investigados”.

A Barreiro, Velasco le atribuye presuntos delitos de fraude, malversación, cohecho, prevaricación y revelación de información reservada por igualmente concertarse con empresas de De Pedro para «amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación».

También por presuntamente sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital en esa ciudad para que emitiera noticias positivas sobre su persona y los honorarios de un periodista.

Cabe destacar que los trabajos de reputación online que efectuaba Alejandro de Pedro no son ningún delito, salvo que se demuestre que son para beneficiar a un político a título personal.