Urbanismo quiere clausurar la planta ilegal de residuos que Podemos montó en Mercamadrid

Los técnicos del área de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid ya han comenzado a redactar el expediente para ordenar la clausura y paralización de la planta ilegal de selección de residuos que el anterior equipo de gobierno de Manuela Carmena inauguró en Mercamadrid en el verano de 2017, con una inversión próxima a los dos millones de euros.

El área de Urbanismo actúa así a instancias del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que  el pasado mes de julio inspeccionó las instalaciones y comprobó que llevan dos años funcionando sin la preceptiva licencia de actividad.

A través de la Concejalía de Economía y Empleo, la dirección de Mercamadrid mintió el pasado 5 de agosto a OKDIARIO, al asegurar que «no hay ningún problema ni ninguna irregularidad. No hay ningún motivo para paralizar el funcionamiento de la planta», aunque carezca de los permisos que exige la Ley.

Por supuesto, era mentira. El Ayuntamiento no puede conceder la licencia de actividad a la planta, porque el proyecto aprobado por la empresa municipal incumple el planeamiento urbanístico: en concreto, vulnera el plan aprobado en 2009 que sólo permite edificar en esta parcela si antes se construye un parking subterráneo con 123 plazas.

David Chica interrumpió sus vacaciones

Desde hace tres semanas, tanto la Concejalía de Economía que dirige el edil Miguel Ángel Redondo (Cs) como la dirección de Mercamadrid se niegan sistemáticamente a ofrecer a OKDIARIO cualquier explicación sobre la situación ilegal de la «ecoárea».

Pero lo cierto es que el director general de Mercamadrid, David Chica, se vio obligado a interrumpir sus vacaciones el pasado 20 de agosto para regresar a Madrid y participar en una reunión, con técnicos del área de Urbanismo y de la empresa concesionaria Cespa, para intentar encontrar una solución a este problema.

De nuevo, este viernes, David Chica fue convocado a una reunión con el edil Miguel Ángel Redondo y con miembros de la Concejalía de Urbanismo para volver a abordar la cuestión. El objetivo era encontrar algún tipo de solución técnica antes de que, la próxima semana, se constituya el nuevo consejo de administración de Mercamadrid, cuya presidencia asumirá el edil de Ciudadanos Miguel Ángel Redondo.

Pero sigue sin haber soluciones a la vista. La dirección de Mercamadrid contrató en 2017 por 79.799 euros a un gabinete de arquitectura para redactar un plan especial urbanístico que elimine la obligación de soterrar plazas de aparcamiento tanto en la parcela de la «ecoárea» como en otras colindantes.

Sin embargo, los técnicos de la Concejalía de Desarrollo Urbano han advertido que no pueden aprobar el plan especial redactado: las plazas de aparcamiento previstas en el ordenamiento actual responden a la demanda de actividad de Mercamadrid y, por tanto, no puede ser eliminadas de un plumazo. La superficie de la empresa municipal está completamente saturada y tampoco hay posibilidad de trasladar esas plazas de aparcamiento a otra parcela.

Aun en el caso de que se pudieran subsanar las deficiencias del plan especial redactado por el gabinete de arquitectura, su tramitación podría prolongarse durante más de un año hasta que sea aprobado por el Pleno de la Corporación. Lo que supondría que la «ecoárea» de Mercamadrid tendría que seguir funcionando ilegalmente, sin licencia, durante al menos un año más.

Por este motivo, el área de Desarrollo Urbano que dirige el edil Mariano Fuentes (Cs) ya ha advertido que la única salida posible es dictar la clausura y paralización de la planta de residuos. Más aún cuando existe un atestado del Seprona de la Guardia Civil que constata que las instalaciones carecen de la preceptiva licencia.

Este paso implica varias dificultades. En primer lugar, obligará a trasladar directamente, sin ningún proceso previo de selección, todos los residuos que genera Mercamadrid (cerca de 22.000 toneladas anuales) hasta el vertedero de Valdemingómez.

La planta costó dos millones

En segundo lugar, implicaría rescindir la concesión otorgada en 2016 a Cespa para gestionar este servicio. La empresa –que ha declinado realizar cualquier comentario al respecto– podría entablar entonces un pleito de responsabilidad patrimonial para reclamar a Mercamadrid el importe de la inversión que ejecutó en estas instalaciones: cerca de dos millones de euros.

Un litigio que, a su vez, puede exponer la responsabilidad personal de todos los miembros del consejo de administración de la empresa municipal (entonces encabezado por la edil podemita Marta Higueras y David Chica) que en 2016 aprobaron un proyecto de planta de residuos que vulnera el planeamiento urbanístico. Una decisión ilegal que va a costar dos millones de euros.