Rubalcaba alertó a un promotor para que se apartara de una operación urbanística investigada por la Policía

El ex ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba alertó a un promotor para que se apartara de una operación urbanística que estaba siendo investigada por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional.

El mensaje que transmitió al empresario a través de Guillermo Polanco (uno de los herederos del imperio Prisa) fue especialmente apremiante: «Dile a tu socio que salga echando hostias de la operación».

Lo relata el propio promotor afectado, José Carlos Fernández Delgado, en una conversación pinchada por la Policía que aparece en el sumario del caso Molinos, cuyo juicio celebrará la Audiencia Provincial de Zaragoza a partir del 15 de diciembre.

Entre los más de 40 imputados se encuentra la ex alcaldesa de La Muela (Zaragoza) Mariví Pinilla, del PAR, a la que la Fiscalía acusa de lucrarse favoreciendo a distintos promotores en operaciones millonarias de recalificación urbanística. Por este motivo, el Ministerio público pide para ella una pena de 37 años de cárcel y una multa de 23 millones de euros.

Uno de los empresarios imputados es José Carlos Fernández Delgado, que había realizado una inversión de 30 millones de euros para llevar a cabo una ambiciosa operación inmobiliaria en el municipio de la Muela, que solo podía salir adelante si el Ayuntamiento presidido por Mariví Pinilla recalificaba sus terrenos como edificables.

«Esto parece Falcon Crest»

Según consta en el sumario, el empresario contaba para ello con la complicidad de Víctor Royo Velilla, quien como guardaespaldas y chófer del entonces secretario general del PAR y consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, presionaba sobre éste para que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio aprobara la recalificación de los terrenos.

Como dice el propio promotor en la conversación pinchada por la Policía: «Esto es como un culebrón, parece Falcon Crest».

La grabación que reproducimos en esta página fue realizada por la Policía el 21 de mayo de 2008 –en aquel momento Alfredo Pérez Rubalcaba era ministro de Interior–. En ella, José Carlos Fernández Delgado charla con Sonia Royo Velilla, la hermana del chófer del consejero de Medio Ambiente, con la que comenta detalles del proyecto urbanístico.

«Me ha llegado información a través de Rubalcaba», explica el promotor, «porque uno de mis socios en Mauritania y Senegal es el niño protegido del grupo Prisa», afirma en alusión a Guillermo Polanco.

Y a continuación relata que, estando un día con su socio y con Guillermo Polanco, «le digo: ‘tengo este problema, estoy acojonado’. Y él dice ‘espérate que vamos a hacer una llamada’. Llamaron a Rubalcaba, y Rubalcaba llamó a Marcelino Iglesias [entonces presidente del Gobierno regional de Aragón]. Y la contestación a los diez minutos fue: ‘Dile a tu amigo que se salga echando hostias de la operación, esa operación está enquistada y no va a salir nunca».

Así lo relata, palabra por palabra, el empresario investigado por corrupción urbanística en la conversación grabada por la Policía. Es decir, según explica el promotor, gracias a su amistad un alto cargo del imperio Prisa se ofreció para sondear a Rubalcaba sobre las posibilidades de éxito de la operación inmobiliaria, que dependía de la aprobación de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio controlada por el PSOE y el PAR.

Y tras comentar la situación con el entonces presidente socialista de Aragón, Rubalcaba aconsejó al promotor que se quitara de en medio cuanto antes. Aunque el motivo que ofrece el promotor es que el proyecto estaba «enquistado» y no se iba a aprobar nunca, lo cierto es que el entonces ministro de Interior no podía ignorar que la Policía Nacional llevaba meses investigando por presunta corrupción todas las operaciones urbanísticas que se estaban desarrollando en el municipio de La Muela, en el marco de la llamada Operación Molinos. Algo que explicaría el tono apremiante de su respuesta.

Resulta especialmente llamativo que el juez instructor, Alfredo Lajusticia, decidiera no investigar la injerencia del ministro de Interior, que acababa de poner en guardia a uno de los empresarios imputados en la causa, tal como acreditan las intervenciones telefónicas.

El presidente del Zaragoza se quitó de en medio

Ya al principio de la conversación telefónica pinchada por la Policía, el promotor expresa su malestar con la alcaldesa Mariví Pinilla, ante las dificultades que está encontrando para lograr que se apruebe su proyecto inmobiliario.

«Al final vas atando cabos y resulta que tiene dos o tres operaciones la h.p. por ahí, y ha ido salseando con todas las operaciones al mismo tiempo», explica Fernández Delgado a su amiga en alusión a la alcaldesa de La Muela, «tiene una operación de dos millones de metros cuadrados en Centrovía, debe estar ahí el tal Carmelo y el Pachi, que me lo presentó el otro día en su despacho y debe ser un pájaro de agárrate y no te menees».

Se refiere a los también imputados en la causa Carmelo Aured y Francisco Aramburu. Este último era socio, junto a Ignacio Unsain, de la empresa vasca Construcciones Sagain, que tres años antes había comprado más de 200 hectáreas de suelo rústico, a la espera de que el Ayuntamiento de La Muela las recalificara como suelo industrial en la sexta fase del Polígono Centrovía.

En la grabación, Fernández Delgado explica que la alcaldesa le presentó en la sala de juntas del Ayuntamiento a Pachi (Francisco Aramburu, a quien califica como «mi ángel salvador»). Este empresario vasco era a su vez socio del entonces presidente del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, en el proyecto de Centrovía. Sin embargo, Iglesias decidió vender apresuradamente sus participaciones cuando la investigación judicial estaba avanzada.

El sumario no aclara si, también en este caso, el entonces presidente del Real Zaragoza fue alertado por los responsables políticos de la región (es amigo personal del entonces presidente Marcelino Iglesias) para que se apartara de la operación antes de verse salpicado por el escándalo de corrupción.

La conversación grabada refleja, por último, los manejos de la alcaldesa de La Muela para favorecer a los promotores implicados. Según el pinchazo telefónico, Construcciones Sagain tenía previsto ceder sus 200 hectáreas de suelo rústico (destinado al desarrollo de suelo industrial) al Ayuntamiento, que a cambio le entregaría suelo edificable mediante una permuta.  Algo que daría lugar a un pelotazo urbanístico multimillonario.