Junqueras quería recaudar todos los impuestos del Estado tras el 1-O para chantajear al Gobierno

El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras pretendía que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) se encontrara a pleno rendimiento para recaudar todos los impuestos del Estado en Cataluña a partir del 1-O, con el fin de chantajear al Gobierno y forzar un proceso de «independencia negociada».

Los responsables del golpe de Estado temían que el gobierno de Rajoy cortara de inmediato todas las inyecciones económicas del FLA tras la declaración de independencia. Y habían calculado que la Generalitat necesitaría al menos 5.000 millones de euros al mes para garantizar el funcionamiento de sus servicios durante el «período de transición», hasta que la secesión se hiciera efectiva con reconocimientos internacionales.

Para garantizarse esta liquidez, la Vicepresidencia de la Generalitat que dirigía Oriol Junqueras gastó 753.000 euros públicos en dos aplicaciones informáticas que permitirían a la Agencia Tributaria Catalana (ATC) recaudar todos los impuestos estatales sobre los que no tenía competencias, como el IRPF y el IVA, así como las cotizaciones de la Seguridad Social.

El Ejecutivo regional ya había comenzado a almacenar desde 2014 los datos fiscales de miles de contribuyentes catalanes, mediante una campaña en la que animó a los ciudadanos a registrar voluntariamente su declaración de IRPF ante la Generalitat, tras abonarla a Hacienda.

El siguiente paso fue animar a todos los ayuntamientos catalanes, a través de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), a gestionar todos sus tributos estatales y cotizaciones de la Seguridad Social a través de la Agencia Tributaria Catalana (ATC). Sin embargo, algunos ayuntamientos se negaron a adherirse a este plan, pues sus interventores advirtieron que la ATC no tiene ninguna competencia para recaudar impuestos estatales y cotizaciones de la SS.

El tercer paso previsto era, tras el referéndum ilegal del 1-O y la declaración de independencia, forzar a todas las empresas y ciudadanos de Cataluña a abonar todos sus impuestos ante la Agencia Tributaria Catalana (ATC), como única autoridad fiscal.

En un informe remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, la Guardia Civil explica al respecto: «Los máximos responsables de la Generalitat habrían tenido así en su mano la capacidad de bloquear en cuentas bancarias de la Agencia Tributaria Catalana el importe de la recaudación tributaria de todo el sector público catalán, simplemente evitando transferir a la AEAT la cuantía de los impuestos recaudados».

Es decir, tras la declaración de independencia, el Govern de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras tenían previsto retener en las arcas de la Generalitat la recaudación de todos los impuestos estatales, como herramienta de chantaje para forzar una negociación con el Gobierno central. De este modo esperaban contar con un colchón de 5.000 millones de euros al mes, para garantizar el funcionamiento de la Generalitat durante al menos seis meses, el «período de transición» que preveían para cerrar un acuerdo sobre los plazos de la independencia.

En el registro de la sede de la Conselleria de Economía, que entonces dirigía Junqueras, la Guardia Civil encontró un Power Point que refleja bien el chantaje que los golpistas tenían previsto plantear al Estado. Se trata de un documento titulado «Presentación del Estado catalán», que la Generalitat quería hacer llegar a los mercados para financiarse mediante deuda pública, al margen del Gobierno central.

El documento señala que el Gobierno español se enfrentaría a una «crisis de deuda pública» –que obligaría a intervenir a la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE)–, si se negaba a negociar los plazos de la independencia.

El informe elaborado por el departamento de Oriol Junqueras señala expresamente que, tras la declaración de independencia, España perdería el 20% de su PIB (la parte correspondiente a Cataluña) pero en cambio tendría que asumir el 100% de su deuda pública y el 100% del pago de las pensiones.

Como ha informado OKDIARIO, Puigdemont y Junqueras tenían previsto amenazar con dejar impagada la deuda de la Generalitat (que supera los 80.000 millones de euros, en su mayoría avalados por el Estado) si no se producía un acuerdo sobre el plazo para la independencia efectiva.

Confiaban forzar así una negociación con el Gobierno de Rajoy, bajo la amenaza de abocar al Estado a la quiebra de sus finanzas, lo que obligaría a España a someterse a un rescate de la Unión Europea.

Durante los meses previos al referéndum ilegal del 1-O, el equipo de Oriol Junqueras trabajó en una doble vertiente para garantizar la financiación del proceso de independencia. El actual vicepresidente de la Generalitat Pere Aragonés (que todavía no está imputado) fue el responsable de realizar varios viajes a Londres, Irlanda, Bélgica y Eslovenia para buscar financiación de los mercados.

Por su parte, el entonces secretario de Hacienda, Josep Lluís Salvadó, que el encargado de desarrollar el proyecto de la Agencia Tributaria Catalana, con el fin de que pudiera recaudar todos los impuestos de competencia estatal tras el 1-O. La Fiscalía pide una pena de 15 años de cárcel para Oriol Junquera, como autor de los delitos de rebelión, sedición y desobediencia, en la causa abierta en el Tribunal Supremo por el referéndum ilegal.