El juez candidato de En Marea-Podemos usa las bases de datos del Poder Judicial para perseguir a los rivales

Luis Villares fue designado candidato de la confluencia de Podemos en Galicia, En Marea, a la presidencia de la Xunta de Galicia en julio. Villares, nacido en Lugo, era hasta esa fecha magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, coordinador de la asociación Jueces para a Democracia en la región y fundador de la Irmandade Xurídica Galega, cuyo objetivo es la efectividad real de los derechos lingüísticos en el ámbito de la justicia.

Tras su elección como candidato para las elecciones autonómicas del 25 de septiembre, el BOE publicaba la declaración de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en la que se hacía referencia a la situación de «excedencia voluntaria en la Carrera Judicial del Magistrado Luis Villares». Dicha publicación tuvo lugar el 18 de agosto.

OKDIARIO ha tenido acceso a una denuncia presentada este miércoles ante la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, y la Agencia Española de Protección de Datos. En dicho escrito, acusan a Villares de «utilizar su ex cargo de Magistrado del TSJG y servicios informáticos del Poder Judicial para mantener pleno control sobre los expedientes de la oposición política a las elecciones de la Xunta de Galicia».

Según el escrito de la plataforma gallega «Pladesemapesga», Villares está «utilizando los servicios informáticos y la ‘Intranet del Poder Judicial’ (red interna de la organización) cuando legalmente no puede, ni debe hacerlo, por lo que podría estar beneficiándose de conocer procesos judiciales de su ámbito político que pueden afectar a las próximas elecciones autonómicas».

Sobre el acceso a la red interna de la organización, el reglamente señala que este servicio permite al usuario «acceder a información confidencial de los justiciables, por lo que, para evitar que determinadas personas ajenas al entorno del órgano judicial puedan tener acceso a la información contenida en la red interna de la organización, los usuarios vienen obligados al estricto cumplimiento de las normas de seguridad».

Por último, la normativa especifica que el usuario tiene acceso «al correo electrónico de la organización durante el periodo que dura su vinculación con la misma». «En el momento de la extinción de la relación funcionarial o laboral», afirma «se interrumpirá el acceso a su buzón de correo».