El jefe de Carreteras de Revilla cobró 500.000 € en mordidas a través de una empresa de fotocopias

El jefe de Servicio de la Consejería de Obras Públicas en Cantabria durante el Gobierno de Miguel Ángel Revilla, Miguel Ángel Díez, recibió más de 504.000 euros en mordidas en la trama creada para amañar los contratos del servicio de mantenimiento de las carreteras regionales. En un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso OKDIARIO, la Policía detalla que el ex alto cargo de Revilla cobró comisiones ilegales a las empresas adjudicatarias a través de una sociedad pantalla cuyo objeto social era la «actividad de fotocopias».

La Policía concluye en su informe que el funcionario de Revilla «se habría beneficiado de fondos provenientes de las mercantiles Rucecan, Cannor Obras y Servicios y Centro de Jardinería La Encina por un importe conjunto de más de 504.000 euros entre los años 2020 y 2022». Prosigue: «Este beneficio se habría producido de manera indirecta, a través de una de las hijas de Miguel Ángel Díez y de la mercantil Parivara Legani SL cuya administradora única es su mujer, Beatriz del Río, y las socias son la propia Beatriz junto a sus dos hijas».

El ex alto cargo de Cantabria cobró más de medio millón a través una sociedad dedicada a realizar fotocopias que en realidad no tenía ninguna actividad, ni instalaciones, ni gasto de personal, ni alquiler, ni siquiera suministro de telefonía. Se trataba de una empresa fantasma domiciliada en la vivienda particular del ex jefe de Carreteras cántabro.

Así lo confirman los agentes al concluir que: «La justificación de los fondos sería una actividad de fotocopias, lo cual todo indica que realmente no es real, dado que el lugar declarado de la actividad coincidiría con el domicilio familiar, que en el periodo de imputación correspondiente a su hija –única trabajadora de la mercantil–, ésta estaba realizando estudios universitarios en Madrid y que en las cuentas bancarias tituladas por los interesados no se han detectado inversiones en maquinaria o instalaciones, u otras posibles compras o gastos compatibles con una actividad mercantil, como alquileres, instalaciones, gastos de personal, suministros o telefonía».

Pero, éste no sería el único modo en el que el ex funcionario Miguel Ángel Díez recibiría ingresos a través de las empresas agraciadas de los concursos en los que él mismo intervenía directa o indirectamente. Los agentes también han descubierto que la mujer del ex alto cargo estaba como asalariada en una de las empresas propiedad de un constructor que formaba parte de la trama «a pesar de no desempeñar actividad laboral alguna», señalan. Por lo que este era otro modo en el que el investigado se lucraba a través del incremento patrimonial de la familia.

A todo ello se suma que el ex jefe de Servicio de la Consejería de Obras Públicas recibió pagos en especie como, por ejemplo, un vehículo Volvo XC49 que estaba arrendado a nombre de otras de las constructoras beneficiarias de las adjudicaciones e investigadas en la trama.

Trama corrupta

La UDEF considera en su informe que «se puede afirmar que el funcionario Miguel Ángel Díez, aprovechando el puesto que desempeña como funcionario del Gobierno de Cantabria, se habría concertado, con una serie de empresarios al objeto de favorecerlos en la obtención de contratos públicos, desarrollando una variedad de conductas diferenciadas».

El funcionario «coordinaría a distintos licitadores, de tal forma que estos se repartirían los distintos lotes de una determinada licitación. Así, los licitadores concertados no competerían entre ellos, minimizando el riesgo de perder el lote al que realmente optan, y perjudicando consecuentemente a terceros que pugnen limpiamente por ellos sin conocer los acuerdos a los que han llegado otros». Además, añaden que Miguel Ángel Díez coordinaría la «asignación» de un lote o de un expediente de licitación a un licitador, mientras que otro licitador se comprometería a presentarse y a renunciar en caso de ser el ganador. «El que renunciase, en cualquier caso, se vería beneficiado al realizar ventas de materia prima al ganador, normalmente por un precio que ampliase su margen de beneficio usual», explican los agentes.

Una de las tareas del funcionario era poner en contacto a distintos licitadores y animarlos a que llegasen a un acuerdo, además de participar directamente en la preparación de las ofertas de ciertos licitadores, de tal manera que estos se presentasen al concurso con las mayores garantías posibles de ganar.