La Guardia Civil sospecha que una empresa de Roures ayudó a crear el «CNI catalán»

La Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Guardia Civil investigan si una empresa del millonario Jaume Roures, Unitecnic, desarrolló las infraestructuras de telecomunicaciones utilizadas para crear el «CNI catalán», el servicio de espionaje de la Generalitat.

Desde abril de 2016, la Guardia Civil ha rastreado los contratos adjudicados por dos organismos públicos de la Generalitat, la agencia de ciberseguridad CESICAT y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), ante la sospecha de que han servido de embrión para poner en marcha la Agencia Nacional de Seguridad (ANC) de Cataluña.

Este organismo habría desarrollado actividades como el espionaje a empresarios y cargos públicos, la interceptación de correos electrónicos, el uso del programa Cerberus para pinchar teléfonos móviles y la creación de bases de datos ilegales de particulares. Todo ello, sin ninguna cobertura legal y suplantando las competencias del Estado, tal como recalca la Guardia Civil en sus informes dirigidos a la Fiscalía.

La investigación se ha incorporado ahora al sumario que instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, sobre la organización del referéndum ilegal de independencia del 1-O. Entre los contratos que ha investigado el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Guardia Civil se encuentra el expediente CCPP/CTTI/2011/3 adjudicado en octubre de 2012 por el CTTI de la Generalitat.

El cuñado de Artur Mas, también

Se trata de un gran contrato, fraccionado en seis lotes que suman más de 470 millones de euros, para el «aprovisionamiento de infraestructura de procesos de datos de la Generalitat». Es decir, para el desarrollo y mantenimiento del conjunto de las instalaciones informáticas y las redes de telecomunicaciones del Ejecutivo autonómico.

Uno de los lotes fue adjudicado a la UTE formada por Nexica (perteneciente al grupo COM 2002) y Unitecnic, una de las filiales del grupo Mediapro del millonario Jaume Roures, quien el pasado mes de agosto actuó como anfitrión de la cena secreta celebrada entre Pablo Iglesias y Oriol Junqueras para pactar el apoyo de Podemos al proceso de independencia de Cataluña.

Se trata de un contrato anual de 9,2 millones de euros, hasta alcanzar un máximo de 39,1 millones en el conjunto de 6 años. Al anunciar la adjudicación, la UTE explicó que Unitecnic (la empresa de Jaume Roures) aporta al proyecto «más de 1.600 kilómetros de fibra óptica, la mayor parte de los cuales destinados al proyecto Red Abierta de la Generalitat de Cataluña gestionados por el Grupo Imagina, al que pertenece Unitecnic».

El CTTI adjudicó otros dos lotes del contrato, que suman 172,8 millones de euros, a sendas UTES participadas por el Grupo Seidor, para el que trabaja como consultor Joan Antoni Rakosnik, cuñado del entonces presidente de la Generalitat Artur Mas. Desde 2010, la empresa del cuñado de Artur Mas ha obtenido contratos de la Generalitat que suman más de 400 millones de euros.

El plan Cerberus para ‘pinchar’ móviles

Y otros dos lotes que suman 195 millones de euros fueron adjudicados a T-Systems, la empresa que gestionó el voto electrónico del referéndum ilegal de independencia del 1-O convocado por Carles Puigdemont. Esta misma empresa ya había colaborado en la organización del referéndum de independencia del 9-N por el que ha sido condenado a dos años de inhabilitación el ex presidente de la Generalitat Artur Mas. Durante los últimos años, T-Systems se ha adjudicado contratos de la Generalitat que suman más de 310 millones de euros.

Dentro de la investigación dirigida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la Guardia Civil ha enviado un requerimiento a las distintas empresas que han recibido contratos del CTTI y del CESICAT, para que aclaren en qué han consistido los trabajos realizados para ambos organismos de la Generalitat.

Las empresas contratistas deben comunicar a la Guardia Civil qué cargo concreto de la Generalitat supervisó los trabajos, quién fue el director de proyecto, si la empresa tuvo que firmar un contrato de confidencialidad, qué empleados participaron en el proyecto y qué funcionarios del Ejecutivo autonómico fueron instruidos para manejar estas aplicaciones. De acuerdo con el requerimiento, estas empresas deben facilitar también a la Guardia Civil una copia de las aplicaciones informáticas diseñadas y las contraseñas para poder acceder a ellas.

Según los informes remitidos por la Guardia Civil a la Fiscalía y al juez instructor, una de las aplicaciones utilizadas por el CESICAT es el programa Cerberus, que permite pinchar teléfonos móviles para interceptar ilegalmente las comunicaciones.