Granados recurrirá al TC si Velasco no comunica los hechos que justifican su prisión tras 27 meses

Francisco Granados no se resigna a permanecer en prisión provisional después de 27 meses, mientras continúa la instrucción en secreto de la pieza nº 14 de la trama Púnica, donde supuestamente se investiga la financiación irregular del PP.

El pasado 1 de febrero el titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, emitía un nuevo auto para volver a prorrogar por un mes más, hasta el 7 de marzo, el secreto de sumario sobre dicha pieza.

Según desvela OKDIARIO, la defensa de Francisco Granados ha presentado un recurso de apelación tras la prórroga mensual del secreto de sumario al considerarla «gravosa» para el ex dirigente popular. Los letrados no descartan recurrir ante el Tribunal Constitucional, si el juez Velasco no les deja acceder a las actuaciones secretas, que justifican su prisión provisional tras más de 2 años, con el objetivo de poder realizar una «defensa efectiva de Granados con todas las garantías».

El documento presentado ante el magistrado de la Audiencia también será elevado a la sección cuarta de lo Penal y pone de manifiesto que «el derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad, es uno de los derechos que asisten al privado de libertad y del que todo preso debe ser informado por escrito y del cual nunca se informó por escrito u oralmente al Sr. Granados a lo largo de los dos años y más de tres meses de prisión preventiva».

Según el recurso, la prisión preventiva «no resulta necesaria, ni proporcionada a los fines que justifican su adopción, toda vez que la investigación de las fuentes de prueba va camino de 4 años de antigüedad, desde la denuncia anónima de tales hechos, sin que haya habido, al parecer, cambio relevante alguno del objeto de la investigación y de los hechos imputados».

«El juez instructor», añade, «no ha informado con prontitud de ello al imputado, ni se ha facilitado tampoco una exposición sucinta que resulte suficiente para permitir el ejercicio del derecho de defensa, comunicada por escrito al abogado defensor del imputado».

La defensa de Granados subraya que «no parece lógico que estos hechos se continúen todavía investigando puesto que se van acercando al instituto de la prescripción, y mucho menos comprensible resulta que dicha investigación obligue al Sr. Granados a esperar pacientemente en prisión preventiva el desenlace necesariamente negativo de tales líneas de investigación».

En este contexto, los abogados recuerdan que se «está vulnerando el derecho a la libertad» y «la reiterada inobservancia del mandato contenido en los artículos 520.2.d), 505.3 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como en el artículo 7.1 de la Directiva Comunitaria 2012/13/UE, podría implicar la lesión y/o vulneración de otros derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva, a la defensa, y a un proceso con todas las garantías».

Por último, los letrados proponen a cambio de la libertad provisional de Granados, «comparecencias diarias, retirada de pasaporte y prohibición de abandonar el territorio nacional».

¿Financiación irregular del PP?

La investigación de la Púnica se inició tras la denuncia por parte de la fiscalía suiza sobre presunto blanqueo de capitales que afectaba a varios políticos de España y que remitieron a la Fiscalía Anticorrupción de España. Hasta la fecha, según fuentes del caso, «Velasco no ha desvelado de forma oficial que esté investigando la presunta financiación ilegal de los populares» en la citada pieza nº 14.

Velasco y las dos fiscales Anticorrupción del caso acusan al ex consejero madrileño de presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cochecho o pertenencia a banda criminal.