El fiscal pidió archivar las cintas de Corinna pese a ver indicios de «corrupción» en Juan Carlos I

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha dictado el sobreseimiento provisional de la pieza abierta sobre las grabaciones de Corinna Sayn-Wittgenstein, publicadas por OKDIARIO el pasado mes de julio.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado el archivo de la pieza, pese a encontrar indicios de posibles delitos de «elusión fiscal» y «corrupción en transacciones comerciales internacionales», en los datos revelados por Corina sobre sus relaciones con el Rey emérito Juan Carlos I. En ambos casos, la Fiscalía recuerda que los presuntos hechos delictivos habrían ocurrido antes de la abdicación del monarca, quien por lo tanto en aquel momento gozaba de la «inviolabilidad» otorgada por la Constitución al jefe del Estado.

En concreto, Anticorrupción alude a un posible delito de «elusión fiscal » en una de las operaciones descritas por Corinna, quien relató que había sido puesta a su nombre una propiedad en Marrakech, a través de una sociedad manejada por un abogado, y «ahora le piden transmitirla a través del mismo a un familiar del Rey».

El informe emitido por la Fiscalía señala que esta operación podría responder a un intento de «elusión fiscal». Así lo sugieren las propias palabras de Corinna: «Me las han puesto [a mi nombre] no porque me quiere mucho. Es porque soy residente en Mónaco. Entonces no tengo el problema de declarar».

Sin embargo, la Fiscalía señala que «no existe ningún elemento que permita colegir que tal terreno proceda de una actividad ilícita», por lo que descarta que se haya producido un delito de blanqueo de capitales.

Y añade lo siguiente: «Los datos, más allá de su posible trascendencia tributaria, no son suficientes para iniciar una investigación penal que tendría naturaleza prospectiva y que, en todo caso, remite a fechas en las que el entonces rey Juan Carlos gozaba de la inviolabilidad que para el jefe del Estado reconoce el artículo 56.3 de la Constitución».

Lo mismo ocurre en el caso de las presuntas comisiones por la adjudicación del AVE entre las ciudades de Medina y la Meca, en Arabia Saudí, adjudicado en octubre de 2011 a un consorcio formado por doce empresas españolas. Según el relato de Corinna, las constructoras pagaron una comisión de 80 millones de euros, de los cuales la mitad habrían llegado a manos del monarca.

Anticorrupción aprecia en este caso «indicios extraordinariamente débiles» de un posible «delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales». De nuevo, recuerda que en aquel momento Juan Carlos I era «inviolable» ante la Ley, pero la Fiscalía anuncia que investigará los hechos por si cabe imputar responsabilidades penales a los empresarios que hubieran pagado las comisiones. En caso de que se confirmaran estos indicios, la Fiscalía presentará una querella ante la Audiencia Nacional.