El CNI liquida su red opaca de sociedades en el exterior por compartir con Conde el mismo testaferro

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ha visto obligado a desmontar y reorganizar toda su red de sociedades fantasmas y cuentas bancarias en el extranjero tras el patinazo de la detención de Mario Conde en abril pasado. Entonces, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arrestaron también, junto al ex presidente de Banesto, a su testaferro Francisco Javier De la Vega Jiménez de quien, aparentemente, desconocían sus estrechos vínculos con los servicios secretos españoles.

Los agentes de la UCO se llevaron del despacho profesional de De la Vega, en la calle Felipe IV, los ordenadores, discos duros y carpetas con documentos en los que aparecían los datos de las sociedades con las que el CNI operaba en el extranjero para sus operaciones secretas. Las cuentas bancarias vinculadas a esa red de sociedades fantasmas eran usadas por los espías para canalizar el pago a sus colaboradores y confidentes. También servían de pantalla para mover los fondos reservados con los que La Casa, como también se conoce a la sede del CNI en la carretera de La Coruña de Madrid, habían pagado los rescates de los cooperantes españoles secuestrados en Mauritania en 2009 y liberados casi un año después.

Desde las cuentas de esas instrumentales, constituidas por De la Vega en países como Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, Hong Kong, China, Luxemburgo o Eslovaquia, se transfirieron así mismo los fondos necesarios para gestionar la liberación de otros secuestros de españoles en Oriente Próximo. A día de hoy, la mayoría de esas firmas opacas han sido extinguidas o están inoperativas, como ha podido certificar OKDIARIO en los registros societarios.

Una caja común para Conde y el CNI

En la comisión rogatoria que la Justicia inglesa remitió a la Audiencia Nacional en septiembre de 2016 no sólo figuran el nombre de las sociedades que De la Vega utilizó para repatriar el dinero de Conde desde Suiza a España, vía Londres, sino también se identifican el resto de sociedades y de sus movimientos bancarios que fueron gestionadas por el fiduciario del ex banquero, entre ellas las del servicio secreto.

El propio Mario Conde no se enteró de la vinculación al CNI de De la Vega, que había sido contratado por su hija, hasta que éste se lo reconoció en la celda que compartían en la cárcel de Soto del Real, tras su detención el 11 de abril de 2016. El letrado fiscalista le confesó a Conde que había utilizado la misma trama societaria para mover su dinero y el del espionaje español. También le desveló que su hermana era un alto cargo de La Casa.

La Guardia Civil, que llevaba varios meses pisándole los talones, detuvo a Mario Conde y a otras siete personas, entre ellas a sus dos hijos y al abogado De la Vega, por transferir a España desde Suiza e Inglaterra 14 millones de euros. Según el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, todo ese dinero procedía del saqueo de Banesto. El magistrado mandaba a Conde a la cárcel por los delitos de blanqueo y contra la Hacienda Pública.

Los abogados del ex banquero intentaron convencer al magistrado de que todo ese dinero permanecía en Suiza desde 1987 tras la operación de la venta de Antibióticos a Montedison.

Por aquella operación, que se convertía en la más importante realizada en España hasta aquel año, la farmacéutica italiana había pagado a Conde y a Abelló la astronómica cifra de 58.000 millones de pesetas, más de 412 millones de euros. Según los letrados, Conde no había sido nombrado presidente de Banesto, en sustitución de Pablo Garnica, hasta meses después de esa venta millonaria.

La chapuza judicial de la Guardia Civil y el CNI

La chapuza policial, de la que sólo podían ser responsables tanto la Guardia Civil como el CNI, no sólo desencajaba la estructura del servicio secreto en el extranjero sino que además ponía en una situación de riesgo a sus colaboradores, que cobraban sus servicios con fondos reservados.

Según fuentes policiales, si ya de por sí es complicado desmontar la red constituida por De la Vega para el CNI, resulta mucho más difícil y costoso montar un nuevo andamiaje societario secreto desde paraísos fiscales.

Por todo ello, no sorprende el enconado esfuerzo de Javier Iglesias, el abogado de De la Vega, para recuperar el material del CNI incautado en el despacho de su cliente y así poder restañar los daños colaterales de la operación contra Conde. El letrado, que ha defendido varios casos del Partido Popular y de los servicios secretos, en un escrito que presentó el pasado 1 de diciembre ante el Juzgado de Pedraz, se lamentaba de tal desaguisado. Según él, su defendido había advertido al capitán Neira de la Guardia Civil, que comandaba la comisión judicial que realizó el registro, de que la documentación intervenida “se trataba de información secreta del Centro Nacional de Inteligencia”.

Al mismo tiempo, Iglesias se quejaba de que el mandamiento judicial, que autorizaba la entrada y registro en el despacho profesional de De la Vega en la calle Felipe IV y en su domicilio familiar en Rafael Villa, estaba limitado al acopio de papeles, documentos y soportes informáticos relacionados con las sociedades de Mario Conde. Y el abogado del colaborador del CNI recordaba la lista de las sociedades del ex banquero: Higher Productions LTD, Galloix Holding, GI Beteiligung, Dryset LTD, Matoral BV, Mayfield Business, Rupani Jell y Fish, Barnacla, Black Royal OAK, Demerquisa, Oleificio Español, Oleum Flumine, Hogar y Cosmética Española, Alquileres y Servicios Gegrumac, Gestión Integral de Aceite, Las Salcedas y Los Carrizos de Castilblanco. Con ello facilitaba, por exclusión, cuáles eran las del servicio secreto y las de otros clientes.

La defensa se oponía así mismo en su escrito a que el juez diera traslado a la UCO de un informe de la Agencia Tributaria sobre las sociedades no vinculadas a Conde. Por todo ello, De la Vega solicitaba a Pedraz que devolviera al Centro Nacional de Inteligencia la documentación y archivos informáticos no requeridos en el auto del juez de 8 de abril de 2016, “y en particular los relativos a las carpetas —en papel y soporte digital— identificados como CNI”.

Un abogado pide que la Policía investigue a la Guardia Civil

La temeridad inducía al letrado a solicitar al magistrado que la Dirección General de la Policía procediera a recabar de la UCO los soportes informáticos intervenidos y el ordenador personal de su cliente para verificar si los agentes de la Guardia Civil “han procedido a acceder a las carpetas identificadas como CNI lo que pudiera constituir un delito de descubrimiento de secretos”.

El 5 de diciembre, el juez Santiago Pedraz trasladaba a la Fiscalía las alegaciones de Francisco Javier de la Vega Jiménez sobre la documentación que los agentes de la UCO de la Guardia Civil se habían llevado de su despacho profesional.

Pero la fiscal del caso, Elena Lorente, respondía al Juzgado que le parecía improcedente y fuera de lugar la petición del encausado por “cuestionar la labor de investigación de la Guardia Civil, solicitando injustificadamente no sólo que intervenga otra fuerza policial sino que además la segunda llegue a cuestionar a la primera (la Guardia Civil)”.

El 20 de diciembre el juez Pedraz dictaba una providencia oponiéndose a la devolución de los archivos del CNI. Alegaba que estaban siendo examinados y analizados por los funcionarios de la UCO para comprobar “si podían servir como prueba indispensable de la comisión de alguna conducta delictiva”. Al mismo tiempo, manifestaba que acordaría su devolución cuando la UCO llegara a sus conclusiones o, por el contrario, cuando quedaran a disposición del tribunal juzgador.

Pedraz aclaraba a Javier Iglesias que el Juzgado debía garantizar el derecho de defensa del resto de investigados y apelaba al principio de contradicción: “Para que puedan examinar y defenderse con plenitud sobre el contenido de los papeles y documentos, no sólo de los propios, sino también de terceros que pudieran afectarles”.

El juez declaraba “del todo improcedente” la barbaridad procesal de “someter a examen y control de la Policía Nacional el trabajo desarrollado por la Guardia Civil, sobre la que no existe la más mínima sospecha, y cuya labor está controlada judicialmente”.

Los abogados de Mario Conde, días después, el 15 de diciembre, también se oponían al escrito de De la Vega apelando al “ejercicio de derecho de defensa”. En su contra, pedían “tener acceso al contenido de esos archivos por si fueran de interés para su defensa”.

Las conclusiones eran comprensibles: “Dichas nuevas sociedades hicieron diferentes operaciones con las sociedades vinculadas a nuestros representados, quienes desconocían por completo la existencia de esas operaciones”. Y exigía el acceso a toda la documentación: “Se puede dar la circunstancia de que en la misma aparezcan las sociedades a las que nos referimos que aparecen en la citada comisión rogatoria”, señalaban.