Los altos cargos de Ribera firmaron en sólo 3 días la licencia que permitió el fraude millonario del IVA

El Ministerio para la Transición Ecológica, bajo la dirección de Teresa Ribera y de Sara Aagesen, otorgó en septiembre de 2022 una licencia de operador mayorista de hidrocarburos y su previsión de ventas a la empresa Villafuel en un tiempo récord de tres días, lo que posteriormente facilitó un presunto fraude del IVA por valor de hasta 182 millones de euros. Así consta en un documento oficial que desvela OKDIARIO.

La autorización lleva las firmas de Manuel García Hernández, entonces director general de Política Energética y Minas, con un salario anual de 103.321 euros, y de José Luis Pérez Cabo, subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles. Ambos bajo las órdenes de la entonces secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, hoy vicepresidenta y ministra verde. El proceso administrativo se completó entre el 6 y el 9 de septiembre de 2022, una rapidez sorprendente para este tipo de trámites administrativos que normalmente requieren meses de evaluación.

La documentación revela que la empresa Villafuel, vinculada al empresario Claudio Rivas -actualmente en prisión provisional-, consiguió la aprobación tras una reunión con altos cargos del Ministerio de Industria, gestionada a través de la trama Koldo. El encuentro se produjo con Juan José Bidart, jefe de gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. El sumario del caso Koldo refleja cómo los participantes de ese encuentro en la sala noble de Industria dieron sus números de matrícula para acceder al parking oficial. Díaz Bidart les dijo: «Veréis a la ministra». No obstante, a la postre, Maroto quedó al margen al comprobar que se trataba de un asunto ligado a la cartera de Ribera.

Según las investigaciones, la operativa fraudulenta consistía en retrasar hasta evitar los pagos impositivos mediante sociedades que se constituían para recibir los beneficios y se disolvían en tres meses, facilitando la evasión fiscal. De los 182 millones defraudados, más de 70 millones han sido desviados al extranjero.

A pesar de la magnitud del fraude, la Agencia Tributaria no comenzó a realizar requerimientos hasta principios de 2024, más de un año después de otorgada la licencia, tal como reflejan las cuentas anuales de la polémica compañía. Esta demora en los controles ha puesto en evidencia graves deficiencias en el sistema de supervisión de operadores mayoristas de hidrocarburos durante el Gobierno de coalición PSOE-Podemos. No obstante, el Ejecutivo no ha anunciado una revisión de los procedimientos ni una auditoría sobre estas y otras resoluciones ministeriales similares que aprueban la previsión de ventas al por mayor de hidrocarburos que supuestamente se buscó con la idea de defraudar dinero a todos los españoles.

Reunión clave

El empresario Víctor de Aldama, figura clave en la trama Koldo, reconoció ante el juez de la Audiencia Nacional su papel como intermediario en una reunión crucial que conecta dos de los mayores escándalos que sacuden al Gobierno de Sánchez: el caso Koldo y el fraude millonario del IVA en hidrocarburos.

En una declaración voluntaria de dos horas, Aldama confirmó que solicitó a Koldo García, entonces asesor del ministro Ábalos, que facilitara un encuentro entre representantes del Ministerio de Industria y los responsables de la trama de hidrocarburos. La reunión, celebrada en enero de 2021, tuvo como objetivo conseguir la licencia de operador mayorista para la empresa Villafuel SL.

La UCO destaca en sus informes que la obtención del título de operador era «necesaria para llevar a cabo el fraude» y requería autorización del Ministerio de Transición Ecológica. Esta conexión entre ambos casos se refuerza con la vinculación de Aldama en la compra de un chalet en La Línea de la Concepción presuntamente destinado al ministro José Luis Ábalos.

Claudio Rivas, junto a Aldama codirector de la trama de hidrocarburos, permanece en prisión preventiva desde octubre por orden del juez Santiago Pedraz. La declaración de Aldama ha sido considerada lo suficientemente relevante como para que Pedraz le excarcele por petición de la Fiscalía y el juez instructor del caso Koldo, Ismael Moreno, haya decidido enviar una copia al Tribunal Supremo que mantiene imputado al diputado Ábalos.

Sumario

Las pruebas documentales en el sumario del caso Koldo confirman la compleja relación entre el ex asesor ministerial y la trama del fraude de hidrocarburos. Las conversaciones intervenidas por la UCO muestran cómo en noviembre de 2021, Rivas advirtió a Aldama sobre la necesidad de alejar a Koldo García, apodado «el Grandullón», de las gestiones ministeriales.

«Es muy importante que el Grandullón se quite del medio en el Ministerio. Palabras textuales del jefe de Servicios de Industria», escribió Rivas, añadiendo que la presencia de Koldo podría comprometer la obtención del título de operador para Villafuel.

Las investigaciones han revelado que meses atrás Koldo García ya había intentado facilitar reuniones entre los representantes de Villafuel y el jefe de gabinete del Ministerio de Industria, llegando a ofrecer presentarlos personalmente: «Sólo que les veas y se presenten. Si me dejas, voy yo y te los presento y me marcho».

Sin embargo, estos esfuerzos resultaron inicialmente infructuosos. Un documento de Transición Ecológica de diciembre de 2021 muestra la «inadmisión de empresa operador al por mayor» para Villafuel SL, argumentando que la compañía no cumplía los requisitos de capacidad financiera al ser una distribuidora de gasóleo al por menor. Meses después algo cambió. El 6 de septiembre se presentaron los papeles y el 9 se les firmó «la aprobación de la previsión de ventas para el primer año de actividad como operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos».