Nueva decisión «por unanimidad» de la Constituyente ilegal: habrá referéndum de su nueva Carta Magna

La Carta Magna que redacte la ilegalmente elegida Asamblea Constituyente en Venezuela será sometida a referéndum para su aprobación, según ha decidido su plenario reunido este jueves, un órgano que rige el país con poderes absolutos.

«La Asamblea Nacional Constituyente aprobará el texto constitucional en su integridad y fijará la oportunidad de la realización del referéndum aprobatorio», señala un artículo avalado unánimemente por los 545 asambleístas.

El dictador Nicolás Maduro se había comprometido a llevar a consulta popular el nuevo texto, en medio de las críticas de cientos de miles de ciudadanos en las calles y de la oposición democrática en Venezuela y las provenientes de medio centenar de países de todo el continente americano y de Europa occidental por no haber sometido a referendo su convocatoria a la Constituyente.

Según la legítima fiscal general Luisa Ortega y la oposición, Maduro estaba obligado a consultar a los venezolanos si apoyaban o no reescribir la Carta Política, pero el tirano sostiene que la ley lo facultaba a convocar la Constituyente por decreto.

La refrendación obtuvo luz verde en una sesión en la que los asambleístas —todos del chavismo, pues la oposición no participó en las elecciones— aprobaron los estatutos de la Constituyente, en funciones desde el 4 de agosto.

«A partir de la semana que viene, estaremos redactando los capítulos de la nueva Constitución», dijo Delcy Rodríguez, presidenta de la Constituyente, que funcionará por al menos dos años, más allá del fin del mandato presidencial en enero de 2019.

Hasta ahora los asambleístas sólo han adoptado medidas de aplicación inmediata, como la destitución de Ortega, quien rompió con Maduro por considerar que está llevando al país a una dictadura con la Constituyente y otras medidas que a su juicio rompieron el hilo constitucional.

Los constituyentes también le retiraron la inmunidad al diputado disidente del chavismo Germán Ferrer, esposo de la fiscal, y asumieron competencias del Parlamento de mayoría opositora para legislar en aspectos como seguridad, soberanía, economía y finanzas, entre otros.

Esas medidas han generado un inmenso rechazo internacional.