La marina venezolana captura un buque de Exxon en aguas territoriales de Guyana

El ‘Ramform Tethys’, propiedad de la empresa noruega Petroleum Geo-Services (PGS), estaba realizando un estudio sísmico para Exxon cuando un buque militar venezolano se aproximó, por lo que la tripulación del barco optó por alejarse rumbo este, ha explicado un portavoz de PGS, Bard Stenberg.

«Guyana rechaza esta acción ilegal, agresiva y hostil», ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana en un comunicado publicado a última hora del sábado. Esta acción «demuestra la amenaza real que supone para el desarrollo económico de Guyana su vecino occidental» y «viola la soberanía y la integridad territorial de nuestro país».

Por ello informa de que denunciará lo ocurrido ante la ONU y presentará una protesta formal a Caracas. Además informará a los países de origen de los 70 tripulantes del ‘Ramform Tethys’ de esta «amenaza a su seguridad».

Una portavoz de Exxon ha explicado que las exploraciones sísmicas en la parte occidental del bloque Stabroek «han sido suspendidas hasta que se puedan reanudar con seguridad» y ha confirmado que el buque se encontraba en la zona económica exclusiva de Guyana cuando ocurrió el incidente.

Disputa territorial

Venezuela y Guyana se disputan la soberanía de Esequibo, un territorio de 159.542 kilómetros que posee importantes recursos naturales –petroleros, gasísticos, mineros, hidráulicos y forestales– y un gran potencial turístico.

El Esequibo está administrado por Guyana conforme a un laudo arbitral de 1899 que Venezuela considera nulo porque las negociaciones secretas, que se conocieron años después, revelan vicios del consentimiento. Además, Caracas esgrime que en el Acuerdo de Ginebra de 1966 Reino Unido, antigua potencia colonial de Guyana, reconoce que es un territorio en disputa.

El Acuerdo de Ginebra fija una ‘hoja de ruta’ para resolver dicha controversia y concede al secretario general de la ONU la potestad de elegir un medio de solución pacífica y cambiarlo por otro si lo considera necesario.

El secretario general de la ONU Ban Ki Moon reactivó en 2017 los buenos oficios, que quedaron suspendidos en 1990, y dio un plazo de un año a las partes para pactar. Una vez agotado el tiempo, su sucesor, Antonio Guterres, decidió en enero enviar el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).