Malta se sumará a la Fiscalía Europea para combatir el fraude

Malta se sumará también a la Fiscalía Europea contra el fraude que permita investigar, perseguir y encausar los delitos económicos que afectan a los intereses financieros del bloque, como el fraude del IVA o la malversación de fondos comunitarios.

«Malta ha dicho que se suma a la cooperación reforzada» para poner en marcha la Fiscalía Europea, ha informado la ministra de Justicia búlgara, Tsetska Tsacheva, cuyo país ejerce la presidencia de turno de la UE, en rueda de prensa al término de la reunión de los ministros del ramo de los Veintiocho en Bruselas. La Fiscalía Europea acordada el año pasado no estará operativa hasta 2020.

«Cuando antes tengamos la Fiscalía Europea funcionando, esto nos ayudará a proteger el dinero de nuestros contribuyentes», ha agregado la comisaria de Justicia, Vera Jourova, que ha informado a los Veintiocho en la reunión de los próximos pasos para ponerla en marcha, incluido el proceso para seleccionar a un fiscal jefe.

Con Malta, ya son 21 países los que se han sumado a la iniciativa, incluida España. Austria, Italia, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

En la actualidad sólo las autoridades nacionales tienen competencias para perseguir el fraude fiscal, aunque las corruptelas afecten a fondos comunitarios, y su jurisdicción acaba en sus fronteras. El objetivo es que esta Fiscalía única pueda actuar con celeridad en casos transfronterizos sin tener que pasar por los trámites habituales de cooperación judicial, más tediosos por su burocracia.

Aunque no hay datos oficiales sobre el alcance del daño a los intereses de la UE, Bruselas estima en unos 50.000 millones de euros el dinero que se pierde cada año por el fraude al IVA, que también estará bajo la competencia del fiscal europeo.

Cuando sea operativa, la Fiscalía contará con dos niveles en su estructura. Primero habrá uno europeo cuya sede estará en Luxemburgo y que contará con un Fiscal general europeo y un fiscal más por cada Estado miembro integrado, además del equipo técnico y de investigación necesario.

El segundo nivel estará descentralizado con fiscales delegados de la UE en cada Estado miembro, que aportarán el conocimiento específico sobre los servicios jurídicos nacionales, la lengua local y otras particularidades de cada país. Y estarán supervisados en las investigaciones y actuaciones judiciales incoadas por el Fiscal europeo.