Un juez ordena procesar a Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita

El juez federal Julián Ercolini ha ordenado este martes procesar por asociación ilícita a la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, en uno de los muchos frentes judiciales que tiene abiertos, apenas un año después de abandonar la Casa Rosada.

Ercolini también ha ordenado procesar al ex ministro de Planificación Julio de Vido, al ex secretario de Obra Pública José López y al empresario Lázaro Báez, a los que se suman otras ocho personas, incluidos varios funcionarios.

El magistrado ha impuesto además un embargo sobre los bienes de la líder izquierdista hasta alcanzar un valor equivalente a 10.000 millones de pesos (unos 615 millones de euros). Ercolini ha dirigido la misma medida, pero por distintas cuantías, contra otros procesados.

Entre los acusados, además de la ex mandataria, destaca Carlos Kichner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, procesado por delitos de corrupción y con un embargo de bienes por otros 10.000 millones de pesos.

Los investigadores tratan de dilucidar la legalidad de las obras públicas que se concedieron durante el Gobierno de Fernández de Kirchner al Grupo Austral, de Báez. Según la Fiscalía, hubo «un plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia y orientado a saquear las arcas del Estado a través de la asignación de obra pública».

«Se advierte un complejo entramado delictivo realizado en mas de una jurisdicción pero en donde cada uno de los intervinientes tuvo un rol concreto en razón del cargo en que fueron colocados», ha apuntado Ercolini, de acuerdo con la prensa argentina.

Además, la Justicia investiga a Fernández de Kirchner por las supuestas operaciones financieras que el Banco Central hizo bajo sus órdenes para asegurar el valor de venta del dólar con varios meses de antelación a un precio menor al previsto en los mercados internacionales.

La ex jefa de Estado está siendo investigada igualmente por un delito de blanqueo de capitales en un caso que indaga la supuesta existencia de una red integrada por funcionarios y empresarios para el desvío de fondos públicos.