EEUU mantiene su apoyo a Guaidó y le exime de las sanciones económicas al chavismo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido este lunes una licencia que autoriza las operaciones con el líder opositor venezolano Juan Guaidó, al que reconoce como «presidente interino» de Venezuela. Así, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro ha emitido una licencia 31A a nombre de Guaidó, de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y otras personas autorizadas a las que exime de las sanciones aprobadas el 5 de agosto de 2019.

«Los ciudadanos de Estados Unidos tienen autorización para realizar transacciones y actividades con cualquier persona nombrada por Guaidó, la IV Asamblea Nacional o su Comisión Delegada», explica el documento.

Esta orden supone que Washington mantiene el reconocimiento a la Asamblea Nacional elegida en 2015 y cuyo mandato expira este martes 5 de enero, como consecuencia de las elecciones legislativas celebradas el pasado 6 de diciembre.

En esos comicios el oficialismo afín al presidente venezolano, Nicolás Maduro, se impuso con rotundidad, aunque con una exigua participación debido al llamamiento a la abstención de la oposición, que considera fraudulentas e ilegítimas estas elecciones y por tanto pretende prorrogar el mandato de la Asamblea Nacional saliente.

Además, la orden del Departamento del Tesoro prohíbe «cualquier transacción o actividad con la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Nicolás Maduro ni con la ilegítima Asamblea Nacional que tomará posesión el 5 de enero de 2021, incluidos sus miembros y su personal».

Esta licencia sustituye a la Licencia General 31 de fecha 5 de agosto de 2019 por la que todas las propiedades del Gobierno venezolano en suelo estadounidense quedaban bloqueadas.

Venezuela ahonda en su bicefalia

Venezuela arranca este 5 de enero un nuevo capítulo en su convulsa historia política, con dos parlamentos pugnando por representar el legítimo poder legislativo. Por un lado, el chavismo defiende su derecho a renovar la Asamblea Nacional tras las elecciones de diciembre y, por otro, la oposición a Nicolás Maduro sostiene que, tras el «fraude» electoral, solo cabe la prórroga de la actual legislatura.

La actual Asamblea Nacional parte de los comicios del 6 de diciembre de 2015, en los que la oposición se hizo con una victoria clara frente a las fuerzas leales al Gobierno de Maduro. El chavismo reconoció su derrota, pero se sirvió de otros instrumentos, principalmente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para anular ‘de facto’ el margen de maniobra de los diputados.

Así, la Asamblea fue declarada en desacato y el Gobierno promovió una Asamblea Nacional Constituyente que asumió distintos poderes al tiempo que reafirmaba a Maduro al frente del Ejecutivo. El Parlamento opositor, por su parte, siguió funcionando reivindicándose como poder legítimo, tanto dentro como fuera del país.

Este alegato en aras de la legitimidad se hizo especialmente palpable tras las elecciones presidenciales de 2018, en las que los principales partidos opositores a Maduro rechazaron participar por considerar que no había garantías suficientes de transparencia y justicia. También parte de la comunidad internacional vio con recelo dicha cita electoral.

Ni la oposición ni los gobiernos internacionales que rechazaron los comicios presidenciales reconocieron el mandato que Maduro dio por comenzado en enero de 2019, lo que se tradujo en la autoproclamación de Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, como ‘presidente encargado’ del país. Estados Unidos fue el primer país en darle su apoyo públicamente y después siguieron más de medio centenar de gobiernos, incluido el de España.

El escenario político apenas ha cambiado en los últimos años, de tal forma que Maduro sigue controlando Venezuela a nivel administrativo y Guaidó ha perdido el empuje inicial, desgastado también en parte por la aparición de nuevas grietas entre los diferentes movimientos de la oposición, que discrepan sobre el camino a seguir.