Vox se querella contra la hermana de Puente por prevaricación en el desarrollo de la Ley de Nietos

• Rodrigo Villar @Rodrigo_Villar_
• Periodista en OKDIARIO. Contacta: rodrigo.villar@okdiario.com
• • 23/07/2026 14:02
  • Actualizado: 23/07/2026 14:06

Vox ha interpuesto una querella criminal contra la hermana de Óscar Puente, Sofía Puente, y contra María Ester Pérez Jerez, actual directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la instrucción que en octubre de 2022 abrió la puerta a la nacionalización masiva de descendientes de españoles emigrados al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

El escrito, registrado este miércoles ante los juzgados de Madrid y firmado por la letrada Marta Castro Fuertes, imputa a ambas los delitos de prevaricación administrativa y usurpación de atribuciones legislativas.

Según recoge la querella a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la Ley de Memoria Democrática reconoció el derecho a optar a la nacionalidad española únicamente a los descendientes de quienes hubieran sufrido un exilio por motivos políticos, ideológicos, religiosos o de orientación sexual. Ese requisito, subraya el escrito, fue ratificado expresamente por el Congreso y el Senado, que rechazaron una enmienda que pretendía ampliar el derecho a todos los descendientes de españoles, con independencia del motivo de su salida del país.

Sin embargo, apenas cuatro días después de la entrada en vigor de la norma, la entonces directora general, Sofía Puente Santiago, firmó la instrucción de 25 de octubre de 2022, publicada en el BOE el día 26. Para Vox, ese documento «desnaturaliza totalmente la norma legal» al presumir automáticamente la condición de exiliado a cualquier español que hubiera salido del país entre 1936 y 1955, sin exigir que se acreditase el motivo político de esa salida.

El escrito pone el foco en lo que considera la prueba central del presunto delito: días antes de la entrada en vigor de la ley, Puente respondió por escrito a las asociaciones de descendientes CEDEU e Hijos y Nietos de España que la futura instrucción «se ceñirá siempre al texto de la ley que ha sido aprobada el 5 de octubre de 2022 en el Senado». Cuatro días después, firmó una instrucción que, según Vox, hacía exactamente lo contrario.

Para el partido querellante, esa contradicción «no es ajena a quien lo suscribió» y constituye un indicio determinante del conocimiento de la ilegalidad exigido por el tipo penal de prevaricación. La querella recuerda además que la instrucción se dictó sin el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, exigible para disposiciones de carácter general.

Vox sostiene en su escrito que Puente no se limitó a interpretar la ley, sino que creó «una vía de acceso a la nacionalidad española inventada por vía administrativa, sin respaldo legal alguno». El partido recuerda que el Código Civil regula de forma tasada los modos de adquisición de la nacionalidad y que la propia disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática remite expresamente al artículo 20, es decir, a un supuesto de opción y no de origen. La instrucción de Puente, sin embargo, calificó la nueva nacionalidad como «de origen», una distinción que la querella describe como de «consecuencias jurídicas sustanciales».

Es precisamente esta extralimitación la que sustenta, según el escrito, el segundo delito imputado: la usurpación de atribuciones legislativas del artículo 506 del Código Penal, reservado a quien dicta una disposición general careciendo de competencia para ello.

La querella no se detiene en 2022. Vox extiende la acusación a María Ester Pérez Jerez, actual titular de la Dirección General, a la que atribuye haber «perfeccionado» la extralimitación de su predecesora mediante la Instrucción Modificada de 5 de noviembre de 2024. Según el escrito, esa nueva instrucción amplió el plazo legal de tres años para solicitar la nacionalidad, permitiendo formalizar la solicitud fuera de plazo siempre que se hubiera pedido cita previa por vía telemática dentro del término legal, algo que la ley «no contempla en ningún caso».

El escrito se apoya también en el voto particular emitido el pasado 16 de julio por cuatro vocales de la Junta Electoral Central (Carlos Vidal Prado, Vicente Magro Servet, Fernando Marín Castán y Javier Tajadura Tejada), quienes sostuvieron que «la gran mayoría» de los miembros de la Junta coincidían en que la instrucción de 2022 «contiene disposiciones contrarias a la propia Ley que pretende desarrollar», aunque el órgano se declarara incompetente para actuar.

«Es la Instrucción, y no la Ley, la causa directa del crecimiento del censo», señalan los firmantes del voto particular, citado textualmente en la querella, que además recuerda que, según doctrina consolidada del Consejo de Estado, los directores generales «carecen de potestad reglamentaria».

Efecto sobre el censo de electores

Vox vincula la instrucción con el aumento de inscripciones en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA), y recuerda en su escrito que el sindicato CSIF ha reclamado formalmente a la Junta Electoral Central información sobre las altas derivadas de la norma.

El partido pide en su querella que se cite a declarar a ambas querelladas y que se requiera a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública toda la documentación interna previa a la firma de las dos instrucciones.