VOX pide al Supremo aumentar a 5,5 millones de euros la fianza a los responsables del 1-O

VOX ha solicitado al Tribunal Supremo que eleve a más de 5,5 millones de euros la fianza en calidad de responsabilidad civil a los 14 ex miembros del Govern procesados como responsables del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, frente a los 2,1 millones de euros impuestos por Pablo Llarena.

En un escrito remitido al juez Pablo Llarena, VOX alega que se han conocido nuevos informes que elevan las cantidades desviadas por la Generalitat de Cataluña para sufragar el ‘procés’ y considera, por tanto, que se debe incrementar la fianza solicitada como responsabilidad civil.

Según indica el partido, estos nuevos informes incorporados a la causa apuntan a la que la cantidad total dedicada al referéndum ilegal por parte del Gobierno de Carles Puigdemont fue de 4.170.795 euros: 3.269.888,41 euros se derivan del informe de Guardia Civil de 25 mayo de 2018 y otros 900.906,70 euros del valor de uso global (alquiler teórico) de los 2.259 inmuebles para el referéndum separatista (informe de la entidad Segipsa).

En base a estos nuevos informes, la fianza debería incrementarse, según VOX, hasta los 5.547.157,50 euros a fin de que pueda cumplir la función de garantía de las responsabilidades pecuniarias, debiéndose ser prestada de forma solidaria por los procesados.

Según análisis encargados por Llarena, la Generalitat de Cataluña habría desviado más de 4,7 millones de euros de dinero público para la organización del proceso independentista que culminó en el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Desde que se abrió la causa, los investigadores de la Guardia Civil han ido presentando informes al instructor con el fin de acreditar los delitos por los que han sido procesados 14 ex miembros del Govern de Puigdemont, los integrantes de la antigua Mesa del Parlament y otros diputados catalanes: rebelión, malversación y desobediencia.

Si bien las primeras pruebas entregadas al juez se centraron más en la «violencia» que, para los investigadores, rodeó determinados episodios del proceso independentista, así como la desobediencia mostrada al tomar decisiones en contra de las sentencias del Tribunal Constitucional, en las últimas semanas Llarena ha tenido acceso a informes que podrían acreditar la malversación de fondos públicos.

Millón y medio pagados

La primera vez que la Guardia Civil hizo un pormenorizado análisis del coste que supuso la organización del ‘procés’ y la preparación del referéndum del 1 de octubre fue en un informe que se conoció el pasado 5 de junio -pero que se entregó al magistrado un mes antes- y en el que se acreditaba que la Generalitat comprometió 3,26 millones de euros, de los que había pagado 1,588 millones y tiene pendiente de abono 1,66 millones.

Esta cifra de 3,2 millones incluyó por primera vez los 1,3 millones de euros que se emplearon en rehabilitar la nave anexa al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) con el fin de albergar el call center del referéndum.

En ese documento de mayo, los investigadores exponían las cifras que se dedicaron para sufragar la campaña de la consulta ilegal y el referéndum en sí departamento por departamento del gobierno que presidió Carles Puigdemont.

Y es que, según el informe, «el plan no es individual, sino que ha respondido a una estrategia conjunta perfectamente diseñada consensuada por los entonces presidente y sus consejeros, asumiendo de manera colegiada o a través de los distintos departamentos las contrataciones, la aprobación del gasto y las acciones político-administrativas necesarias para su ejecución».

En el cuadro elaborado por el Instituto Armado figuran adjudicaciones de Vicepresidencia y las consejerías de Presidencia, Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Salud, Cutura y el Diplocat para la emisión de anuncios, creación de campañas publicitarias, difusión en medios escritos, configuración de una página web para la campaña del 1-O, carteles publicitarios, servicio de reparto de cartas certificadas o servicios de observadores internacionales.

Gastos en inmuebles

En el último mes, el juez Llarena ha obtenido nuevos datos que incorporar a los 3,2 millones de euros que ya estarían confirmados. Recientemente, la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) ha hecho entrega del cálculo que se le encargó que hiciera sobre la «estimación del valor de uso por arrendamiento de los inmuebles cedidos o habilitados por diversos órganos administrativos para la materialización del proceso de votación».

Según esta empresa estatal perteneciente a la Dirección General de Patrimonio del Estado, el Govern de Puigdemont se habría gastado 900.906,70 euros en habilitar los 2.259 inmuebles que se utilizaron para el referéndum independentista.

Registro de catalanes

A todo ello hay que añadir los 621.928,34 euros que la Generalitat invirtió en el registro de catalanes en el exterior, una aplicación que ya fue creada para la consulta del 9 de noviembre de 2014 con Artur Mas como presidente y que ha ido experimentando año tras año gastos de mantenimiento. Finalmente, fue actualizada con Carles Puigdemont al frente para la preparación del 1-O, invirtiendo otros 94.253 euros más.

Sumando los 3,2 millones de euros del primer informe, más los 900.906,70 euros del coste estimado de los centros de votación, más los 621.928,34 euros del registro de catalanes en el exterior, el instructor del Tribunal Supremo habría ya acreditado algo más de 4,7 millones de euros de dinero público malversado durante el ‘procés’.

No sólo Llarena dispone de estos datos, ya que el juez de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, también investiga -desde hace más tiempo- la preparación del 1-O y a día de hoy sigue acordando diligencias.

Además, el instructor del Supremo ha enviado parte de la documentación que ha ido recabando en su instrucción a la Fiscalía alemana, que defiende ante el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein la entrega a España del expresidente Puigdemont.