VOX cree que el Supremo «deroga» su propio criterio «sobre el interrogatorio de la acusación»

El Tribunal Supremo ha denegado a la acusación popular de Vox la posibilidad de formular ‘interrogatorio’ a Oriol Junqueras.

Los abogados que ejercen la representación jurídica de la formación política solicitaron al tribunal, presidido por el juez Marchena, preguntar al ex vicepresidente de la Generalitat -aún cuando éste hubiese manifestado que no contestaría a ninguna de las acusaciones- y apelando a la doctrina dictada por la propia Sala de lo Penal que enjuicia los hechos.

En su rechazo a la petición, el juez Marchena ha recordado que el hecho de que los acusados guarden silencio ante las cuestiones de Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación popular, no implica, en ningún caso que esto pueda ser interpretado en sentido acusatorio.

VOX considera que la decisión del presidente de la Sala del Tribunal Supremo que juzga a los políticos y activistas independentistas, Manuel Marchena, contradice la doctrina fijada por el mismo y el criterio sobre «el interrogatorio de la acusación».

Considera VOX que el rechazo del tribunal a sus dos peticiones confirma que el tribunal es independiente

Tras las respuestas de Junqueras a su abogado, Andreu Van den Eynde, el abogado de VOX, Javier Ortega Smith, en su petición, apelaba a la jurisprudencia propia del tribunal que permite formular las preguntas pertinentes al acusado para que éstas queden reflejadas por escrito, pese a que sea notorio que no se obtendrá respuesta alguna por su parte.

Marchena, sin embargo, ha rechazado dicha posibilidad y lo hizo apelando al «respeto total y absoluto» que debe proporcionarse a los acusados que ejercen su derecho a no responder las preguntas que consideren.

En comparecencia ante los medios de comunicación, al término de la sesión matinal de los acusados Junqueras y Forn, el abogado de VOX, Javier Ortega, ha apuntado que, no obstante, desde su acusación popular ven «con gran satisfacción» que se hayan rechazado sus dos peticiones -la de prohibir a los acusados portar lazos amarillos y la de hacer públicas las preguntas- porque «eso demuestra que el tribunal es independiente».

En última instancia, ha recordado que para la acusación popular los doce acusados forman parte de una «organización criminal con una estructura jerarquizada» y que eso lo van a mantener y demostrar durante el juicio.