Vox advierte al director de la cárcel de acciones legales si graba el encuentro de sus diputados con Villarejo

Macarena Olona, la secretaria general y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, ha remitido una carta al director de la cárcel de Estremera, donde tiene previsto mantener el próximo viernes una entrevista con el ex comisario José Villarejo, en la que le advierte de que «bajo ningún concepto pueden intervenirse las comunicaciones con autoridades y tampoco limitar el derecho de quienes acudimos a grabar el encuentro».

La portavoz adjunta de Vox -abogada del Estado de profesión- le adelanta al director del centro penitenciario de que de no atenerse a su solicitud ejercerá las acciones legales “de todo orden para preservar los derechos y funciones de la representación de la soberanía nacional”. En caso de que las medidas restrictivas sean adoptadas por el Ministerio del Interior, el grupo parlamentario de Vox le exigirá al director de Estremera la entrega de las instrucciones cursadas por el departamento de Fernando Grande-Marlaska.

La reunión de Olona y otros dos diputados de Vox con Villarejo se producirá el próximo viernes a las 10 horas. El ex comisario se convertirá en el invitado estrella de la Comisión de Investigación sobre la operación policial, conocida como Kitchen, encaminada a sustraer y destruir los documentos que guardaba el tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

Una grabación esencial

Olona, que estará acompañada en la cita con Villarejo del abogado del comisario, le recuerda al director de la cárcel que el ex comisario ya mantuvo una entrevista en Estremera con redactores de El País y que «la grabación del encuentro por parte de los periodistas le fue autorizada».

Asimismo, la portavoz de Vox le explica al director de la prisión: «Teniendo en cuenta que esta visita se realiza con la finalidad de incorporar el resultado a nuestros trabajos en la Comisión del Congreso, la grabación de la misma por nuestra parte resulta esencial».

El director de la cárcel apeló a la seguridad del Estado y a la calificación de Villarejo como preso FIES-4 (Fichero de Internos de Especial Seguimiento, módulo de Fuerzas de Seguridad del Estado) para justificar la grabación del encuentro del comisario con los diputados. Olona, sin embargo, rechaza con contundencia tal intención: “Las condiciones de celebración del encuentro no pueden regirse por el mismo régimen que les fue aplicado a los diputados de EH Bildu, tal como me indica en su email, porque la misma legislación establece un régimen diferenciado y peculiar para quienes cumplen condena por terrorismo. En el caso presente hablamos de un intento preventivo por presuntos delitos que nada tienen que ver con el terrorismo”.

Villarejo permanece en la cárcel madrileña de Estremera desde la primera semana de noviembre de 2017 acusado de los delitos de falsedad documental, trafico de influencias, extorsión en grado de conspiración, revelación y descubrimiento de secretos y cohecho activo y pasivo, entre otros. Durante su actividad profesional no sólo se infiltró entre las bases de ETA sino que la combatió durante años.

Acudirán como autoridades

Hay que recordar que el ex magistrado Baltasar Garzón fue condenado y apartado de la carrera judicial por ordenar la grabación de los encuentros de algunos de los encarcelados de la Gürtel con sus abogados en la cárcel de Soto del Real. Se da la circunstancia de que en la cita con el ex comisario también estará presente su letrado en la causa Tándem, Antonio García Cabrera.

La secretaria general de la formación de Santiago Abascal le recuerda al director de la cárcel de que los diputados visitarán el centro penitenciario en calidad de “autoridades” por lo que está obligado a aplicar el artículo 49 del reglamento penitenciario sobre “comunicaciones con autoridades o profesionales”. Así mismo, está obligado a respetar los derechos de los tres diputados de Vox, previstos en el artículo 23.2 de la Constitución.

A todo ello habría que contemplar el derecho de defensa del interno, que estará secundado por su letrado para preservar todos sus derechos constitucionales y legales, reclama Vox.