Los vocales izquierdistas impiden al CGPJ salir en defensa de la juez amenazada por las cloacas del PSOE
Nueve vocales se han opuesto a emitir un comunicado manifestando la "profunda preocupación" ante la intimidación a Biedma
Pedraz imputa al ex juez de las cloacas del PSOE que llamó al narco de ‘Los Rochos’ para «eliminar» a Biedma
Los vocales izquierdistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impiden al gobierno de los jueces salir en defensa de la juez Beatriz Biedma, amenazada por las cloacas del PSOE tras procesar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En el pleno de este miércoles, 10 vocales del CGPJ –José Antonio Montero, José Luis Costa, Pilar Jiménez, Eduardo Martínez Mediavilla, Gema Espinosa, José María Páez, Esther Rojo, Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal– han propuesto realizar un comunicado manifestando la «profunda preocupación» del organismo «ante las informaciones conocidas sobre posibles actuaciones de hostigamiento, seguimiento o intimidación que habrían afectado a la magistrada Beatriz Biedma y a su entorno».
Sin embargo, nueve vocales que se autodenominan «progresistas» –Angel Arozamena, Ricardo Bodas, Bernardo Fernández, Luis Martín Contreras, José María Fernández Seijo, Esther Erice, Argelia Queralt, Inés Herrero y Lucia Aviles– se han opuesto tanto al debate como a la aprobación del comunicado de defensa a Biedma, si bien el mismo, resaltan los 10 firmantes, «no busca nada más que transmitir el apoyo a la magistrada y al resto de la Carrera Judicial».
«No alcanzamos a entender las razones de la oposición, así como la renuncia a una de las funciones esenciales del CGPJ, la defensa de la independencia judicial», añaden, sobre un comunicado vetado por los vocales izquierdistas, pese a que reflejaba la «cercanía, solidaridad y respaldo institucional» a Beatriz Biedma.
En la defensa, vetada por nueve vocales izquierdistas, se quería asegurar desde el CGPJ que «ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación» y que la «independencia judicial no constituye un privilegio de quienes juzgan, sino una garantía de todos los ciudadanos».
De esta manera, se buscaba trasladar un mensaje «inequívoco» a todos los jueces y magistrados, para demostrar «que no están solos en la defensa de su independencia» y que «ante cualquier intento de perturbarla, el CGPJ ejercerá con firmeza las competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye y adoptará las medidas necesarias para que jueces y magistrados puedan cumplir su función con libertad, serenidad y exclusivo sometimiento a la ley».
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